Fernando Batista Jiménez, quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, informó que en México alrededor de 16 mil menores se encuentran esclavizados para fines de explotación sexual, lo que significa “una cifra verdaderamente preocupante y que nos debe ocupar a todos en un esfuerzo conjunto para erradicar este grave problema”.
Este criminal escenario lo reveló durante su participación en el foro “Unidos contra la Violencia hacia niñas, niños, adolescentes y mujeres”, que se llevó a cabo en el Senado de la República.
Destacó que la trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo después del tráfico de drogas y de armas, mientras que las víctimas en su mayoría son niñas, niños y mujeres.
Agregó que la ONU considera que en la actualidad 27 millones de personas realizan trabajos forzados y la OCDE ha calculado que las ganancias ilícitas que se generan cada año ascienden a cerca de 36 mil millones de dólares.
Aunado a ello, refirió que la OEA ha señalado que cerca de 100 mil mujeres y adolescentes de América Latina son trasladadas como víctimas de trata a lugares como Estados Unidos, España, Holanda, Bélgica o Israel.
Esta situación, dijo, tiene una vinculación muy importante y estrecha con los flujos migratorios, la situación de pobreza, la degradación de valores, la desigualdad y con la peligrosa actuación de la delincuencia organizada a nivel trasnacional.
A su vez, Rodrigo Labardini Flores, consultor jurídico adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, consideró necesario realizar cambios a diversos aspectos de la legislación mexicana para adecuarlos a la Convención de Lanzarote.
Ejemplificó que en nuestro ordenamiento jurídico sólo se contemplan sanciones para quienes organicen espectáculos pornográficos en donde participen menores de edad, pero no castiga a las personas que asisten a ellos.
Explicó que otro caso similar es el fenómeno del grooming, que consiste en las prácticas que utilizan adultos a través del Internet para entablar lazos de amistad con menores de edad, con fines de tipo sexual.
Indicó que en nuestro país sólo se castiga a quien aplique este tipo de prácticas pero no considera sanción alguna en contra de quienes facilitan los medios para llevarlas a cabo.