Ante los altos índices de violencia se hace necesario evaluar la posibilidad de incorporar la figura de jueces sin rostro, a fin de proteger la seguridad de los impartidores de justicia que se enfrentan con altos criminales, destacó el diputado Josué Cirino Valdés Huezo.
Agregó que la crisis de seguridad obliga a ofrecer todo tipo de garantías a los juzgadores, quienes muchas de las veces enfrentan agresiones y chantajes de los criminales, además de que las amenazas provocan que éstos resuelvan con temor.
“Es necesaria la protección de personas vinculadas con temas de justicia, y prueba de ello es el pacto firmado por los medios de comunicación, mismo que busca proteger a reporteros y periodistas que cubren las fuentes relacionadas con el crimen organizado”.
Actualmente, dijo el también integrante de la Comisión de Justicia y secretario de la Comisión de la Función Pública, existe en materia de procuración de justicia la facultad de la PGR para establecer programas de protección de personas, que pueden ser testigos, víctimas, ministerios públicos o peritos. “Dichos programas de protección podrían ampliarse hasta el Poder Judicial Federal”.
Reconoció que en el tema de los jueces sin rostro, en un análisis muy limitado, se podría pensar que es contrario a la transparencia y la publicidad de las reformas en torno a los juicios orales, en el que los jueces deben asumir mayor responsabilidad en el proceso, es decir, que verdaderamente adopten el papel de conductores y directores, que den la cara ante las partes que están en litigio.
Sin embargo, añadió, dadas las condiciones que vive el país, donde todos aquellos que están vinculados a la procuración y administración de justicia están en riesgo permanente, sí sería viable que desde el Poder Legislativo revisemos la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal para explorar la posibilidad de los jueces sin rostro.
“Es necesario implementar medidas adecuadas para proteger la seguridad de los jueces que se enfrentan a líderes de los cárteles del narcotráfico”.
Cirino Valdés rechazó que con ello se busque un tribunal especial, toda vez que la justicia y la ley son generales, y por tanto, los tribunales deben ser generales, sin embargo, “circunscribiéndonos en materia penal, todos los casos que pudieran recaer por un delito de delincuencia organizada sería pertinente pensar en algunos juzgados especializados, pero con subespecie en materia de delincuencia organizada”.
Indicó que la selección de dichos jueces correspondería al Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano constitucionalmente facultado para elegir a los impartidotes de justicia mediante mecanismos que ellos mismos determinan.
Aseguró que una modificación a la ley pudiera hacer legal estas figuras y no necesariamente tendríamos que llegar a una reforma constitucional.
Valdés Huezo señaló que aunque jurídicamente existe el principio de que los juicios tienen que ser públicos y por tanto los jueces tienen que ser conocidos por las partes involucradas en un proceso, dicho principio no es absoluto, por lo que es posible atenuarlo en materia de delincuencia organizada.
“Sin embargo, es un tema que debe ser discutido entre el Poder Legislativo y el Consejo de la Judicatura Federal. Son reacciones de la sociedad en función de resguardar y proteger la integridad física y la vida de la aquellas actividades vinculadas con los temas de seguridad y delincuencia organizada”, concluyó.