En la presente administración se han emitido 551 inhabilitaciones y destituciones a funcionarios del ISSSTE y se ha denunciado penalmente a doce.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), está entre las instituciones auditadas con mayor frecuencia debido a la complejidad y diversidad de sus operaciones.
Tan sólo en esta administración, se han realizado más de 600 procesos de auditoría e investigación al ISSSTE, que han resultado en 551 sanciones fuertes como inhabilitaciones y destituciones.
Actualmente están en proceso más de 80 auditorías e investigaciones -la mayoría de ellas programadas e iniciadas en el primer trimestre de este año- las cuales están relacionadas en temas como Adquisición y Abasto de Medicamentos, Tecnologías de la Información, Pensiones, Gastos Deportivos y Celebraciones, Asesorías y Consultoría y Adquisiciones.
Para definir el Programa Anual de Auditorías, la Secretaría de la Función Pública considera los riesgos de operación y corrupción dentro de las Instituciones. Por lo cual es importante señalar que no se toman en cuenta, ni siquiera se investigan ni se conocen, la filiación política o de grupo de los servidores públicos.
Cuando se detectan conductas irregulares o de corrupción, la SFP somete a procesos de sanción a servidores públicos de la Institución. La presente administración ha impuesto 3 mil 704 sanciones a funcionarios del ISSSTE, de las que 551 son destituciones e inhabilitaciones.
Además, se han interpuesto denuncias penales en contra de 12 funcionarios del ISSSTE por delitos como fraude, extorsión, cohecho y falsificación de documentos.
La Secretaría de la Función Pública atiende con toda responsabilidad las solicitudes del Poder Legislativo respecto a supuestas conductas irregulares en el ISSSTE. Cabe señalar que muchos de los hechos enunciados eran ya objeto de auditorías e investigaciones.
Además, la SFP analiza y pondera si estos hechos recientes que fueron del dominio público pueden fortalecer las investigaciones.
La SFP refrenda su firme compromiso de ser garante de la legalidad en la actuación de los servidores públicos, para combatir eficientemente la corrupción.