Guanajuato, Gto., a 11 de mayo de 2011.- Los llamados al “ya basta de inseguridad” deben ser dirigidos también en contra de quienes han violentado el Estado de Derecho, violan la ley y cometen los delitos, es decir, el “ya basta” debe ser contra los criminales, afirmó el Senador por Guanajuato Ricardo Torres Origel.
En conferencia de prensa en esta ciudad capital, externó su opinión acerca de la marcha ciudadana del pasado fin de semana en la que se exigió un alto a la violencia y el cese del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Torres Origel señaló que es plenamente justificable el sentir generalizado en contra de la violencia, pero dijo que los llamados a frenarla deben ser dirigidos en contra de quien comete los delitos, no contra quien los combate.
En este sentido, dio a conocer que de parte del Senado de la República se hicieron modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones, Código Penal y Ley de Readaptación Social, para coadyuvar a la lucha contra el crimen. Estas modificaciones fueron en el sentido de que se establezcan en todos los centros penitenciarios del país equipos electrónicos de bloqueo de señal de telefonía y transmisión de datos móviles hasta en un radio de 20 metros alrededor de estas instalaciones, con la finalidad de evitar las llamadas telefónicas de extorsión. El control de los equipos no estaría en resguardo de los penales sino vía remota a cargo de la autoridad estatal.
Las reformas en el Senado también establecen que para combatir la extorsión y el secuestro basta un oficio simple o comunicación electrónica para que las autoridades ministeriales soliciten a los operadores de telefonía móvil la localización geográfica en tiempo real de los teléfonos reportados en la comisión de un delito. De esta forma se utilizará la tecnología de localización GPS de los equipos de telefonía celular para combatir este tipo de delitos, precisó el senador Torres Origel.
Finalmente, mencionó que están pendientes por dictaminar otras iniciativas en materia de seguridad, como la enviada por el presidente Calderón para establecer en cada una de las entidades del país el “mando único policial estatal”, lo que conlleva reformas al artículo 15 de la Constitución.