La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social atestiguó el acto de constitución de la Academia Mexicana de Economía Social y Derecho Cooperativo, la cual apoyará a los diputados con propuestas legislativas para armar el andamiaje jurídico que permita a la economía social convivir en armonía con la capitalista para lograr más puestos de trabajo y autoempleos.
La presidenta de dicha comisión, Alliet Mariana Bautista Bravo, destacó que la academia capacitará, difundirá e investigará temas relacionados en la materia, a fin de inculcar una política transversal de economía social en la educación.
Añadió que la constitución de dicha academia fue impulsada por académicos y cooperativistas, quienes consideraron necesario unificar esfuerzos para promover el estudio de derecho del cooperativismo y de la economía social.
Subrayó que la economía social ha contribuido a salir de la crisis económica a países como Sudamérica y Europa porque las cooperativas o empresas solidarias soportan las dificultades económicas.
Enfatizó que a partir de que existe la Ley de Economía Social y Solidaria aprobada en 2011, es necesaria la armonización en los estados. “A la Comisión han llegado legisladores de Tlaxcala que quieren involucrarse para promover el tema en su entidad”.
“Es importante promover la economía social como una política pública en los tres niveles de gobierno que pueda ser legislada en los estados”, dijo, luego de destacar que sólo tres entidades cuentan con la Ley.
La diputada Bautista Bravo comentó que por ley debe haber una armonización de los ordenamientos locales, por lo que recalcó necesario hacer un esfuerzo en conjunto porque la mayoría de los estados no cuentan con una ley de economía social.
Resaltó la importancia de contar con un andamiaje jurídico y para ello es necesario el apoyo de los académicos en las cuestiones legislativas.
Por lo anterior, indicó que los esfuerzos particulares de transmitir el derecho cooperativista, los principios y valores de la filosofía del cooperativismo de cada universidad no deben estar aislados.
Precisó que los integrantes de la Academia son catedráticos de la UNAM, UAM, y universidades autónomas de San Luis Potosí, Morelos y Puebla, así como trabajadores del cooperativismo de Durango, Sonora y del Estado de México; entre los más destacados se encuentra el especialista en derecho cooperativo, Jesús Trapaga Reyes, catedrático de la Universidad Iberoamericana.
Por su parte, Víctor Castillo Martínez, promotor del cooperativismo, informó que en la Academia participan más de 100 académicos de cerca de 18 estados, así como integrantes de la Unión Nacional de Cooperativas y Proyectos de Economía Social.
El principal objetivo será capacitar, difundir e investigar temas de economía social y de derecho cooperativo, así como formar cuadros sociales que difundan y defiendan el cooperativismo y la economía social, dijo.
Consideró que los trabajos que hará la Academia deben vincular el estudio con el ejercicio legislativo y coadyuvarse uno a otro, “recargarnos un poquito en los legisladores para que puedan ayudarnos a promover iniciativas y ellos en la Academia para tener elementos para esas iniciativas”.
Mencionó que uno de los compromisos de la Unión Nacional de Cooperativas y Proyectos de Economía Social es impulsar la ley de fomento cooperativo en los estados que carecen de ella, que son casi todos.
Irene Bautista Barriozabal, académica de la UNAM, destacó que se busca conjuntar el ámbito académico con la práctica real de la economía social porque “no es lo mismo dar una capacitación en este sentido que enfrentarse a la realidad y llevar a la práctica un proyecto en este ámbito”.
Reconoció que es muy diferente impartir cátedra en las aulas que llevarlo al ámbito de las cooperativas que ya tienen su experiencia; pero, además, los académicos, “también tenemos la necesidad y la obligación de aprender”.
Entre los principales objetivos de la AMESYDEC está la organización de los profesionales, académicos, técnicos, dirigentes y cooperativistas del Movimiento Cooperativo Nacional, con el propósito de promover, difundir, capacitar, constituir organizaciones cooperativas de primer nivel en todo el país, ya que representan una alternativa para el desarrollo nacional.
Además, organizar cursos de capacitación en la economía solidaria y el derecho cooperativo, toda vez que no existen cursos sobre la materia en universidades e instituciones de educación superior en el país.
Asimismo, realizar investigaciones científicas a nivel licenciatura, especialidad, maestría y doctorado en materia de Derecho Cooperativo y Economía Social, constituyendo el Instituto de Formación Profesional en la materia.