La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen con punto de acuerdo por el que solicita al Consejo Nacional de Seguridad Pública que remita un informe detallado de los resultados y acciones reportadas hasta la fecha por las instituciones, autoridades de los tres órdenes de gobierno y demás actores involucrados en el Acuerdo Nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad.
En el dictamen se considera que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el D. F. los estados y municipios, que comprende la prevención de delitos, la investigación y la persecución para hacerla efectiva; mientras que el Ministerio Público y las corporaciones policiales se coordinen para cumplir con los objetivos de la seguridad pública.
En otro dictamen con punto de acuerdo se solicita al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informe sobre la situación de los migrantes en el estado de Chiapas, particularmente de los 10 focos rojos en las rutas de esta circunscripción en las cuales transitan.
Se detalla que Amnistía Internacional denunció reiteradamente la vulnerabilidad de los migrantes, que según cifras de Casa Migrante de Saltillo unos 18 mil centroamericanos son secuestrados por el crimen organizado cada año.
En comparecencia, se agrega en el documento, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria, informó que de enero a agosto de 2010, unos 51 mil extranjeros fueron detenidos por el Instituto Nacional de Migración, de los cuales 47 mil 688 procedían de Centroamérica.
También se aprobó dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración, al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de la República, que en conjunto con los tres poderes de las entidades federativas y órganos de gobierno estatales y municipales, se diseñen estrategias en el ámbito de sus respectivas atribuciones, para la implementación de acciones con la finalidad de coadyuvar en el combate a la trata de personas y el tráfico de personas en el turismo sexual.
En el dictamen se señala que de forma periódica se informe sobre los avances y resultados obtenidos por la implementación de las acciones para combatir la trata de personas en las zonas rojas de turismo sexual del país.
Lo anterior, considerando que México es el segundo país, a nivel mundial, con mayor producción de materiales de pornografía infantil y hacia el interior la explotación sexual de menores por Internet ya se sitúa en el tercer lugar en la lista de delitos cibernéticos.