Advertimos desde el 2013 que el sistema penitenciario se encontraba colapsado por la corrupción y por la sobrepoblación; aunado a la falta de técnicas de reinserción social y de la profesionalización de su personal el cual es de sentido común mantengan permanentemente controles que garanticen en control del Estado. Lo que observamos con la segunda fuga del Chapo Guzmán es también resultado de sexenios de abandono por parte de los ámbitos del gobierno.
Los diagnósticos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los reclusorios y las observaciones de las organizaciones de la sociedad civil especializada han coincidido con las alertas del deterioro por la corrupción y la impunidad prevaleciente en las cárceles en donde hay autogobierno en alrededor del 69%, sin embargo hoy simplemente observamos su desmoronamiento, lamentó la senadora Angélica de la Peña.
Las autoridades de los centros de privación de libertad han sido rebasadas; lo acontecido el sábado pasado mientras el Presidente viajaba a Francia demostró que el personal del sistema carcelario está en entredicho por su alta vulnerabilidad para ser cooptado.
Expuso que las autoridades deberán responder muchas preguntas: ¿En una área despoblada a 1500 metros del penal, no causaba sorpresa que una casa en obra con enorme bodega hubiera movilización de los camiones con la tierra movida la cual se expande al ser excavada?
¿Desde cuando estaba en "esa" celda, y por qué no era vigilado un reo de alta peligrosidad que además estaba "en tratamiento médico"?
¿Por qué no se le extraditó?
La legisladora insistió en que esta grave crisis debe tocar fondo para reconstruir otro sistema fundado en las nuevas reformas en materia penal y en derechos humanos, debe observarse de manera integral la problemática del sistema penitenciario nacional para construir una solución en donde edificar más centros penitenciarios con mayor seguridad ya es irrelevante.
Apuntó que “nueve años, por lo menos, se ha implementado una política de guerra a la delincuencia organizada y combate a la inseguridad pública, pretendiendo abatir los altos índices de criminalidad aumentando la duración de las condenas.
Dijo que la corrupción y la sobrepoblación son dos cánceres que deben ser exterminados para lograr la implementación del Sistema Penal Oral Acusatorio y la aprobación de la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal.
De la Peña Gómez explicó que la discusión en el Senado de la República del proyecto para una nueva Ley Nacional de Ejecución Penal resulta apremiante analizar en el grupo de trabajo sobre este proyecto.
“La fuga de “El Chapo” deja sembrada una gran duda entre la sociedad: si las cárceles de máxima seguridad no son infalibles, inexpugnables para los reos de alta peligrosidad ¿quién, qué y dónde se podrá contenerlos?, concluyó la senadora Angélica de la Peña.