Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece la prevalencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto a los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, señaló:
“Resulta sumamente grave esta sentencia que, al resolver una contradicción de tesis, sienta un criterio para que se sigan violentando los derechos humanos a diestra y siniestra en el país, tal y como ocurre, por ejemplo, con el arraigo y la prisión preventiva.
“En relación a esas figuras, en reiteradas ocasiones, nos hemos pronunciado por su completa eliminación y no sólo su disminución, toda vez que claramente violentan los derechos humanos y, gracias a esta resolución, seguirán vigentes por muchos años más.”
Asimismo, el también Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro comentó: “Lamentamos la decisión de los diez ministros, con excepción del ministro Juan Ramón Cossío, quien pugnaba por la prevalencia del principio pro persona y de lo que se había venido gestando desde 2011 respecto a los derechos humanos en México-
“Pero esta decisión no se puede descontextualizar de los intentos que antes se habían realizado por parte de algunos legisladores del PRI de eliminar los avances en materia de derechos humanos de la reforma de 2011-
“Es contradictorio que quienes pretenden vender los recursos del país a manos extranjeras, tengan un supuesto sentido nacionalista a la hora de defender a capa y espada lo que dice la Constitución respecto a los derechos humanos. Esta resolución es parte de la restauración autoritaria y conservadora que vive el país por medio del Pacto por México".
Por otro lado, cabe destacar que en el inicio del segundo año legislativo de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, Mejía Berdeja presentó una iniciativa para reconocer a nivel constitucional la figura de las policías comunitarias, modificando así los artículos 2° y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. “Buscamos que se respete y garantice el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas con base en sus principios y costumbres, tenemos un precedente importante en el estado de Guerrero con la formación de la Policía Comunitaria que data de 1995, tras la ola de violencia que se presentaba en los caminos de la Montaña y la Costa Chica en la década de los ochenta e inicio de los noventas”, indicó.
En la exposición de motivos de la mencionada iniciativa se destaca la importancia de “proporcionar a las policías comunitarias la capacitación adecuada para su correcto funcionamiento, proveyéndole de capacitación en seguridad pública y Derechos Humanos, para con ello contar con un cuerpo de seguridad civil que cuente con la confianza de la comunidad, pues se trataría de un cuerpo integrado por la misma”.
Por último, el legislador federal señaló: “Para dimensionar el problema, basta mencionar lo ocurrido en varias comunidades de algunos estados como Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, en donde a raíz de los efectos de la delincuencia organizada, cientos de familias se han tenido que desplazar a otros lugares para salvaguardar su integridad, abandonando el patrimonio que habían construido en sus comunidades”.