En la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados de este jueves fueron presentadas 15 iniciativas de reformas a diversos ordenamientos relativos al derecho a la alimentación, disminuir la edad para ser diputado, desarrollo social, jóvenes, trabajo, cuotas escolares, migrantes, ministros, tribunales colegiados, presidentes municipales, protección civil, comunidades indígenas y medio ambiente.
Crear Ley General para garantizar el derecho humano a la alimentación y erradicar el hambre
La diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (PRD) planteó crear la Ley General para garantizar el derecho humano a la alimentación y erradicar el hambre.
Dijo que el problema es grave, ya que las cifras más conservadoras arrojan que 23 millones de mexicanos se encuentran en situación de pobreza alimentaria, al grado de que 23 personas mueran al día por esta situación y que el 75 por ciento sean adultos mayores de 65 años.
Explicó que el objetivo es que toda persona tenga derecho a una alimentación de calidad, sana, nutritiva, suficiente, inocua, equilibrada, nutricional y adecuada; y que el Estado erradique de manera progresiva el hambre de los grupos sociales que la padecen. Se turnó a las comisiones de Desarrollo Social, de Salud y a la de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tener 18 años para ser diputado
La diputada Lizbeth Loy Gamboa Song (PRI) propuso reformar el artículo 55 de la Constitución Política, a fin de que el requisito para ser diputado sea tener 18 años cumplidos el día de la elección y no 21, como actualmente se establece.
Consideró que es tiempo de eliminar las restricciones para la participación política de los jóvenes, por su potencial de desarrollo, por la gran aportación que su inclusión conllevaría en términos de creatividad y pujanza. Se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Crear en la Cámara de Diputados el Centro de Estudios para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
El diputado Carlos de Jesús Alejandro (PRD) propuso reformar el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General, para crear en la Cámara de Diputados el Centro de Estudios para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
Explicó que dicho centro permitiría contar con un auxiliar técnico en materia indígena, cuyos aportes beneficiarían a las comisiones legislativas, diputados, grupos parlamentarios, investigadores, instituciones académicas y a la ciudadanía en general interesada en este tema. Se envió a las comisiones de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y a la de Asuntos Indígenas.
Piden pasar atribuciones de la SEDESOL a la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
El diputado Abel Guerra Garza, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó iniciativa de reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, para que los artículos que indicaban la competencia de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) pasen a la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Plantea que serán atribuciones de la nueva Secretaría generar políticas públicas respecto del mejor aprovechamiento del territorio, de la canalización de las energías en al ámbito agrario; la conformación de programas que permitan definir el desarrollo armónico urbano de las ciudades en expansión y áreas metropolitanas, así como impulsar la planeación y el ordenamiento del territorio nacional. Se envió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.
Que jóvenes puedan alternar escuela y trabajo
La diputada Esther Quintana Salinas (PAN) presentó reformas a la Ley Federal del Trabajo para que los jóvenes puedan trabajar y estudiar.
De esta forma se pretende combatir los altos índices de deserción escolar y de desempleo, y que en las empresas exista mejor productividad al contar con personal capacitado y certificado. Se mandó a la Comisión del Trabajo y Previsión Social.
Cárcel a quien exija cuota escolar
El diputado Tomás Torres Mercado (PVEM) presentó una iniciativa para castigar con cárcel a quien en el ejercicio de sus funciones como autoridad escolar condicione el ingreso de los alumnos a las escuelas públicas a cambio de una cuota.
Las reformas que adiciona el artículo 215 Bis al Código Penal Federal, precisan que se sancionará de 3 días a 3 años de prisión, y multa hasta de 300 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, a la autoridad escolar que impida el ingreso, o retenga documentación, o condicione la permanencia de cualquier alumno en los centros de educación del Estado a cambio de la entrega de contraprestaciones económicas en dinero o en especie. Se turnó a la Comisión de Justicia.
Derechos humanos de los migrantes
Por su parte, el diputado José Francisco Coronato Rodríguez (Movimiento Ciudadano) propuso reformar la Ley de Migración a efecto de puntualizar el acceso a la justicia y facilitar la denuncia de abusos, vejaciones y delitos contra los migrantes.
Plantea establecer una política en materia migratoria que garantice la aplicación de medidas que no atenten contra los derechos humanos de los migrantes, promoviendo programas, medidas o acciones que garanticen la seguridad en el tránsito por zonas consideradas de alto riesgo. Se remitió a la Comisión de Asuntos Migratorios.
Armonizar derechos laborales del sector público y privado
La diputada Francisca Elena Corrales Corrales (PRI) a través de una iniciativa busca reformar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Reglamentaria del Apartado A del Artículo 123 Constitucional para armonizar los mismos principios y preceptos que en materia de igualdad de género se incorporaron a la Ley Federal del Trabajo.
Lo anterior, a fin de que no existan trabajadoras y trabajadores de primera y de segunda y evitar una situación de desequilibrio y desigualdad los empleados del sector público y privado. Se canalizó a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, a la de Seguridad Social y a la de Equidad y Género.
Suprema Corte de Justicia de la Nación
El diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar (PAN) planteó modificaciones al artículo 95 de la Constitución, a fin de sea como requisito para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el no haber sido secretario de Estado, procurador general de la república o de justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal ni gobernador de algún estado o jefe del Distrito Federal, durante siete años previos al día de su nombramiento.
Dijo que actualmente el periodo de un año no es lo suficientemente largo para salvaguardar a cabalidad la exigencia de independencia del aspirante a ministro. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Médicos tradicionales o interculturales
En tanto, el diputado Vicario Portillo Martínez (PRD) presentó cambios a la Ley General de Salud, con el objetivo de incorporar a los médicos tradicionales o interculturales, al cuadro básico y el catálogo de insumos, las plantas tradicionales, así como otros conocimientos de la medicina tradicional.
Lo anterior una vez comprobados sus conocimientos mediante cursos de capacitación reconocidos por centros legalmente expedidos y registrados por las autoridades competentes, a fin de erradicar el desencuentro y la asimetría entre enfermos y doctores de las comunidades y pueblos indígenas. Se envió a la Comisión de Salud. Tribunales colegiados deben tener instancia revisora especializada
El diputado Juan Bueno Torio (PAN) pidió reformar el artículo 2 Bis de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a fin de que los tribunales colegiados cuenten con una instancia revisora especializada en conocimientos económicos y jurídicos.
De esta forma, el proceso de revisión de las actuaciones de los órganos reguladores como Cofetel, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Consar, Comisión Reguladora de Energía, además de Cofeco, será expedito. Se turnó a las comisiones de Justicia y a la de Hacienda y Crédito Público.
Dotar a presidentes municipales de recursos para obras
El diputado Mario Rafael Méndez Martínez (PRD) planteó modificaciones a los artículos 25 y 33 de la Ley de Coordinación Fiscal para que los recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal, de los Municipios, sean, en su caso, a las Agencias Municipales, tenencias Municipales o su equivalente, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta Ley.
Señaló que se requiere de un nuevo equilibrio que no ponga en riesgo las finanzas de la Federación, pero que también permita descentralizar para fortalecer la toma de decisiones a los gobiernos estatales para que puedan impulsar polos de desarrollo regional. Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Crear un Fondo de Protección Civil Local
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (MC) propuso reformas y adiciones a las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y General de Protección Civil para que cada entidad federativa establezca un Fondo de Protección Civil Local, que sería subsidiado por la Federación.
Igualmente, con esa reforma turnada a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Protección Civil, el Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales deja de tener existencia jurídica y, en su lugar, la federación contratará seguros e instrumentos financieros de gestión de riesgos para afrontar las responsabilidades en la materia.
Reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo
También se dio a conocer la propuesta del diputado José Enrique Reina Lizárraga (PAN), que reforma el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con el fin de que los lineamientos, criterios y metodologías que tengan por objeto establecer obligaciones específicas podrán publicarse, ya sea en el Diario Oficial de la Federación, o a través de las página electrónica de la dependencia o entidad correspondiente.
La iniciativa, remitida a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, establece que en caso de que se opte por la publicación a través de la página electrónica, el titular de la dependencia o entidad deberá emitir un oficio signado en original, en el que se indique claramente: fecha en la que se emitió la disposición correspondiente, breve explicación, transcripción del texto completo y dirección electrónica específica donde se ubicará la disposición.
Expedir la Ley Orgánica de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Del PVEM, la diputada Lourdes Adriana López Moreno propuso expedir la Ley Orgánica de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y reformar el artículo 3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, con el objetivo de procurar justicia en materia ambiental, y la defensa del derecho de toda persona a un ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar.
Precisó que dicha procuraduría sería un organismo público descentralizado con carácter de autoridad ambiental, de gestión, operatividad, fiscalización, personalidad jurídica y patrimonio propios. Se canalizó a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Gobernación y a la de Presupuesto y Cuenta Pública.