La Tercera Comisión de la Comisión Permanente aprobó punto de acuerdo para exhortar a las procuradurías generales de la República y de Justicia del estado de Tabasco a que continúen con las indagatorias sobre los actos presuntamente delictivos cometidos por ex servidores públicos de esa entidad.
El dictamen expone que existen diversas denuncias que vinculan a distintos ex funcionarios de la administración 2007-2012 del estado por el mal manejo de más de dos mil 600 millones de pesos, a partir de disposiciones no autorizadas por la ley.
Por otra parte, se menciona que el 12 de junio de este año, el Juzgado Segundo de Distrito decretó auto de formal prisión contra el ex tesorero del estado de Tabasco, José Manuel Sáiz Pineda, como presunto responsable de los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además, el 1º de julio, la Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales del Distrito Federal dictó auto de formal prisión en contra de Andrés Granier Melo, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto de 35 millones 338 mil 315 pesos 54 centavos.
Posteriormente, se agrega en el documento, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales dictó auto de formal prisión a Granier tras ser consignado por el delito de defraudación fiscal por un monto de dos millones 156 mil 489 pesos con 13 centavos, durante el ejercicio fiscal de 2009.
Asimismo, el 13 de julio, el Procurador de Justicia de Tabasco desmintió que la Procuraduría local haya consignado ante un Juez el expediente de investigación del ex gobernador, como probable responsable de los delitos de peculado, ejercicio indebido de atribuciones y enriquecimiento ilícito.
De lo anterior, se resalta en el punto de acuerdo aprobado, se puede advertir que cada instancia de procuración de justicia, tanto en el ámbito federal como local, ha actuado conforme los procedimientos y normas aplicables correspondientes para cada caso en lo particular, pero esto no altera o pone en riesgo el fincamiento de nuevas posibles denuncias penales derivadas de otros delitos