Como resultado del trabajo jurídico del personal ministerial de la Procuraduría General de la República, y como muestra de las penas más altas obtenidas por la Institución, el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado México, sentenció con 293 años, 7 meses de prisión y multa de 31 mil 894 días, –equivalente a $1,291,882 pesos–, a Liborio Colín Domínguez.
Lo anterior, al considerar acreditada su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro agravado contra cuatro personas y secuestro en agravio de dos víctimas.
Cabe señalar que es una de las sentencias con mayor número de años, obtenidas por la Procuraduría General de la República en materia de combate al secuestro.
Se trata de la suma de años que el juez impuso como pena por cada uno de los seis eventos delictivos que el Fiscal de la Federación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada acreditó.
En las últimas semanas, la Procuraduría General de la República ha obtenido de diferentes jueces federales, sanciones ejemplares contra quienes cometen uno de los delitos que más lastiman a la sociedad, que superan los 200 años de penas.
Es importante precisar que en los términos del artículo 25 del Código Penal Federal, el sentenciado purgará una pena consistente en 60 años de prisión, ya que se establece ese término como el máximo en la sanción de privación de la libertad corporal.
Como parte de este proceso, la Representación Social de la Federación confirmó que el sentenciado no sólo formó parte de la organización delictiva “Los Tlaycas”, integrada por más de tres personas, quienes de manera reiterada cometían el delito de secuestro, sino que, además, tenía funciones de dirección, ya que era quien daba órdenes a los demás miembros de la banda.
El grupo delictivo “Los Tlaycas” operaba en el área metropolitana del Valle de México, y su modus operandi consistía en fingir operativos policiacos para secuestrar a sus víctimas, y enviar a los familiares videos donde golpeaban a las víctimas, con la finalidad de ejercer presión para que les fueran pagados los montos que exigían como rescate.
Con motivo de la investigación que se integró, se logró acreditar que durante los años 2001 al 2003, privó de la libertad a las seis víctimas por las que fue sentenciado.