*¿Será?

Diputados integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que se reunieron el jueves con representantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, se dicen dispuestos a cumplir cada uno de los ofrecimientos que dejaron en la mesa del diálogo.

Como se sabe, durante la reunión el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que  como parte de los compromisos asumidos por el Poder Legislativo, sí habrá reforma política.

Afirmó también que se aprobará una eficiente y justa Ley de Atención Integral a Víctimas y un fondo de restitución que vaya aparejado a ésta, así como un mecanismo a modo de Comisión de la Verdad y la Reconciliación que se aboque a que cada víctima sea identificada, nombrada, personalizada y se llegue al fondo de sus circunstancias.

Igualmente, dijo, habrá un presupuesto que privilegie la ampliación de la matrícula pública estudiantil y una Ley de Educación Media Obligatoria.

Ramírez Marín destacó que, con el respaldado de los grupos parlamentarios representados en el Congreso, sí habrá auditorías en el tema de la seguridad pública, aparejadas al proceso de rendición de cuentas de la Auditoría Superior de la Federación y sí habrá un grupo de enlace que dé seguimiento a estos compromisos.

El presidente de la Cámara de Diputados destacó que es inadmisible aceptar que el mal se convierta en norma ni continuar con la aplicación de procedimientos, métodos o sistemas que no llegan al fondo de los problemas.

“No podemos aceptar que lo normal sea el mal. No podemos aceptar que la corrupción sea vista como algo natural, que por ella, sus consecuencias como la violencia o la destrucción del tejido social, sea considerado como algo aceptable”, subrayó.

Ante los representantes del Movimiento por la Paz con Justicia y  Dignidad, encabezados por el poeta Javier Sicilia, el diputado Ramírez Marín aseguró que “ahora se está comprendiendo ese invisible arco del dolor de las víctimas y del efecto de la violencia”. Y se pronunció por modificar las instituciones como una posibilidad para cerrar el camino de la violencia.

“Modificar nuestras instituciones, democratizarlas, modernizarlas, actualizarlas, es nuestra posibilidad para que no haya más víctimas. Es nuestro deber sacudir a las instituciones. No es la hora de abrir las puertas del Congreso, porque siempre han estado abiertas. Sería desmentir o hacer a un lado a los muchos grupos que han confiado en él y se han presentado a sus puertas para reclamar justicia y que han sido escuchados”.

Es hora, dijo, de hablar en serio, de respaldar con hechos lo que los oídos escucharon y las palabras una vez dijeron. “No se trata de abrir las puertas, sino de dejar que pase la verdad y expulsar definitivamente la simulación, la mentira y el engaño”.

Antes, legisladores de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, Convergencia y Nueva Alianza, se manifestaron a favor de impulsar y discutir las propuestas presentadas por el movimiento social que encabeza Javier Sicilia.

Entre otras, la creación de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación; una Ley para la Protección de las Víctimas; un fondo de atención a víctimas; la incorporación de cinco consejeros ciudadanos, con voz y voto, en el Consejo Nacional de Seguridad.

Asimismo, la creación de un auditor de la Policía Federal; una Ley contra la Desaparición Forzada; aprobar la Reforma Política y a redirigir el Presupuesto de Egresos de la Federación para la atención de problemas sociales que generan la violencia, como canalizar mayores recursos para el sector educativo, en particular a la educación media superior, a fin de que ningún joven en edad escolar se quede sin escuela.

En ese sentido, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, diputada Josefina Vázquez Mota, también coordinadora del grupo parlamentario del PAN, propuso llevar a cabo un trabajo común entre este órgano de gobierno de la Cámara de Diputados y el Movimiento por la Paz, a fin de construir una agenda conjunta donde se establezcan los tiempos, responsabilidades y la voluntad de seguir avanzando.

Dijo que se debe incorporar a la agenda de trabajo la reforma de Justicia.  “De manera institucional estamos obligados a abrir este espacio a una interlocución donde estén las voces ciudadanas que nos ayuden a construir un puente más cercano para la paz y la reconciliación”.

El diputado Francisco Rojas Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del PRI, aseguró que habrá una reforma política, ya sea en periodo ordinario o extraordinario, en la cual, dijo, se buscará, ante todo, la defensa de los derechos humanos.

Mencionó que una las causas del problema ha sido la creciente desigualdad económica; “muchos de los 50 mil muertos en la guerra contra el crimen organizado son jóvenes provenientes de los 7 millones de personas que no tienen oportunidades de trabajo o estudio”, apuntó.

En su turno, la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del grupo parlamentario del PT, consideró que no debe evadirse la responsabilidad que el legislativo tiene para la solución de los problemas que se denuncian. Dijo que se debe llevar a cabo un trabajo en la atención de víctimas de forma digna por parte de las autoridades, principalmente jueces y ministerios públicos.

En tanto, el diputado Alejandro Gertz Manero, del grupo parlamentario de Convergencia, propuso impulsar la creación de la Ley de Auditoría Ciudadana, con la cual se otorgaría la facultad a la sociedad de exigir la rendición de cuentas a las autoridades; “se convertiría en el 4º poder”, afirmó.

Por su parte, el diputado Armando Ríos Piter, coordinador del grupo parlamentario del PRD, planteó que para el día 8 de septiembre sea definido un presupuesto para la atención a víctimas y desplazados por acción del crimen organizado, además de destinar recursos por 15 mil millones de pesos para apoyar a jóvenes de nivel medio superior y puedan continuar sus estudios y no busquen otras opciones como el crimen organizado.

Por su parte, el diputado Sebastián Lerdo de Tejada, del grupo parlamentario del PRI, aseveró que hay compromiso concreto por dar un sí a la reforma política, así como de  profundizar en los temas que, dijo, no siempre se está de acuerdo pero se busca que haya diálogos.

El diputado Alfonso Navarrete Prida, del grupo parlamentario del PRI, pidió se derogue el fuero militar y federalizar el delito de desaparición forzada, además que todas las leyes, sin importar el ámbito, tengan respeto de los derechos humanos y de los tratados internacionales firmados por México. “Es necesario que se impida en la ley que los militares puedan realizar trabajos de policía en tiempos de paz”, subrayó.