Diputados de la Comisión de Asuntos Indígenas señalaron, durante la comparecencia del director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Xavier Antonio Abreu Sierra, que al interior de la dependencia existen visos de corrupción, lo que ha impedido la aplicación correcta del presupuesto aprobado para combatir la pobreza en dicho sector.
Legisladores del PRI y PRD destacaron que tan sólo en el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI), se ha registrado un subejercicio acumulado en los últimos tres años por más de 2 mil millones de pesos, recursos que podrían haber tenido como destino las campañas electorales.
En tanto, el funcionario reconoció la corrupción existente e informó que actualmente están sujetos a investigación de la Secretaría de la Función Pública y del órgano de control interno de la CDI, 45 funcionarios, entre ellos, la delegada en Puebla, por irregularidades en el ejercicio de los recursos y en particular, del PIBAI.
Rechazó que exista subjercicio de 2 mil millones de pesos y responsabilizó a la Secretaría de Hacienda de no liberar los montos presupuestales en su totalidad, además de señalar que algunos estados son quienes no ejercen correctamente lo que se les transfiere para la atención de los pueblos indígenas.
Por citar un ejemplo, dijo que la Cámara de Diputados aprobó para este año un presupuesto de 4 mil 800 millones de pesos para el PIBAI, “el cual tiene que pasar por la Secretaría de Hacienda y al final nos adjudica 4 mil 720 millones, es decir, 80 millones menos, los cuales se quedan en esa dependencia”.
Agregó que aunado a ello, hay convenios con otras dependencias como Conagua, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o la Comisión Federal de Electricidad, a quienes se transfieren recursos para la ejecución de otros proyectos en las comunidades indígenas, lo que modifica el presupuesto asignado a la CDI.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la cámara de Diputados, Manuel García Corpus, informó que se integrará una subcomisión que dará seguimiento a las denuncias de corrupción en la dependencia.
Nos parece grave, dijo, que servidores públicos estén involucrados en la malversación de los recursos, como lo reconoce el propio director de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y que diga que están sujetos a procedimientos administrativos y judiciales.
García Corpus destacó que solicitará a la Auditoría Superior de la Federación que se practiquen nuevas auditorías a los ejercicios fiscales de 2008, 2009 y 2010, a fin de tener un panorama más amplio del subejercicio de los recursos.
Por su parte, las diputadas de Acción Nacional, Rosa Adriana Díaz Lizama y María de Jesús Mendoza Sánchez, señalaron que los verdaderos responsables de los subejercicios son los gobernadores de algunas entidades, quienes son los ejecutores finales del gasto transferido por la CDI.
En este sentido, pidieron que se revisen a fondo los recursos que la dependencia ha destinado a algunas entidades como Veracruz, Puebla y Campeche.
Los diputados Rolando Rodríguez Zapata Bello y Felipe Cervera Hernández, del PRI, así como Florentina Rosario Morales y Domingo Rodríguez Martell, del PRD, se refirieron a los subejercicios en los programas más importantes de atención a las comunidades indígenas, entre ellos el PIBAI.
Rodríguez Zapata Bello señaló que la CDI obtuvo un importante presupuesto por más de 9 mil 300 millones de pesos, de los cuales se destinaron cerca de 5 mil millones de pesos para el PIBAI.
No obstante, refirió, en 2008, de los 4 mil 70 millones de pesos al PIBAI se registró un 3 por ciento de subejercicio, equivalente a 122 millones de pesos; en 2009, con 4 mil 378 millones se dejó de ejercer un 22 por ciento, (963 millones de pesos) y en 2010, de un presupuesto de 4 mil 697 se subejerció el 18 por ciento, equivalente a 846 millones de pesos, lo que suman casi 2 mil millones de pesos.
Abundó que de acuerdo con un reporte de la Coneval, el universo de personas que atiende la CDI con el PIBAI es de 6 millones, sin embargo, en 2008 sólo atendió a 830 mil y en 2009 a 436 mil. “Disminuyó un 53 por ciento el universo de indígenas atendidos con más recursos que el año anterior”.
Al dar respuesta a los cuestionamientos de los legisladores, Xavier Antonio Abreu Sierra subrayó que la Secretaría de Hacienda no ha liberado la totalidad de los recursos aprobados para la CDI.
“Incluso, en 2010 se quedó en la tubería de Hacienda otro monto que se está pagando con presupuesto de 2011. Como cosa rara, ustedes van a ver que en el primer trimestre del año, la CDI va a ejercer más de 600 millones de pesos sólo para pagar lo que no se nos dio a tiempo en los meses de noviembre y diciembre del año pasado, porque desde octubre no recibimos un solo peso de Hacienda”.
Se dijo dispuesto a que se investigue a la dependencia “comenzando con mi persona, mis bienes y los de mi familia”.
Señaló que la ASF emitió varias recomendaciones en las revisiones de 2008 y 2009, en particular, por los convenios celebrados con otras dependencias, las cuales, aseveró, se están solventando. “Por lo tanto, no hay ningún daño patrimonial”.