El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Julián Ventura Valero, explicó a los diputados federales que la política del gobierno de México ha consistido en reforzar las acciones contra del tráfico de armas hacia el país, incluyendo la cooperación bilateral basada en la responsabilidad compartida y el respeto mutuo.
Al comparecer ante los legisladores, el funcionario dijo que ha sido enfático en que debe detenerse el tráfico de armas, pues las denuncias hechas en medios sobre el operativo “Rápido y furioso” han suscitado gran preocupación en ambos países, dado que son graves y deben ser abordadas con rigor y seriedad.
El operativo, dijo, en los términos en que habría sido autorizado, buscaba permitir que intermediarios pudieran adquirir armas en Estados Unidos para detectar esquemas ilícitos de distribución y venta a terceros en territorio estadounidense, sin que se contemplara su trasiego transfronterizo controlado.
Y añadió: “Dicha práctica ilegal no hubiera sido aceptable para el gobierno de México, ni lo será, bajo ninguna circunstancia. Se requiere de plena transparencia entre ambos países ante casos como éste, para mantener el ambiente de cooperación que se ha generado”.
Resaltó que el gobierno de México solicitó inmediatamente información detallada a Estados Unidos; la PGR inició investigaciones encaminadas a sancionar cualquier delito que pudiese haber sido cometido en territorio mexicano. “Estamos actuando con seriedad y con responsabilidad”.
Y para que no quedaran dudas, aclaró: “El gobierno de México no avaló, ni participó en ningún operativo que pudiese contemplar el trasiego transfronterizo de armas; es un acto ilegal que no podría avalarse. Lo mismo ha señalado el gobierno estadounidense y por eso se ha iniciado una investigación para determinar con claridad cómo se dio este proceso, a fin de que se puedan deslindar responsabilidades”.