*Marcada indiferencia
El Senado de la República solicitó a la Procuraduría General de la República y al gobierno del estado de Nuevo León que informen sobre los avances en materia de procuración y administración de justicia en el caso del incendio en el Casino Royale, ocurrido en agosto del año pasado.
A propuesta de los senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis Máximo García Zalvidea, el pleno del Senado también exhortó a las comisiones Nacional de los Derechos Humanos y de Atención Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, un informe sobre la atención que las autoridades locales le ha proporcionado a lesionados y familiares de las víctimas, con relación a gastos funerarios, asesoría jurídica, apoyo psicológico e indemnizaciones.
En el dictamen aprobado los legisladores indicaron que el ataque contra el Casino Royale sacó a la luz pública una estela de corrupción en la Secretaría de Gobernación, los jueces federales y autoridades estatales y municipales, quienes no han dado la atención debida a los familiares de las víctimas.
En el documento se recuerda que el 25 de agosto del año pasado, un grupo criminal provocó un incendio en el Casino Royale, ubicado en la ciudad de Monterrey, que dejó un saldo de 52 muertos y varios lesionados.
Se indica que el incendio del inmueble, la ola de violencia y la creciente incidencia de la delincuencia son un parteaguas en la historia del estado de Nuevo León.
El senador Rubén Velázquez señaló que la ciudadanía ha lanzado severas críticas tanto al alcalde de Nuevo León, Fernando Larrazabal, así como al gobernador, Rodrigo Medina.
En tanto, añadió, el Congreso estatal creó una comisión para indagar presuntos casos de corrupción, por lo que “esperamos conocer pronto el resultado de sus investigaciones”.
Mencionó que en este tiempo se ha “recrudecido la guerra por la plaza” entre los cárteles del Golfo y Los Zetas, “quienes intentan controlar la capital regia como una escala para la ruta de la droga hacia los Estados Unidos.
“El siniestro es la clara impotencia de las autoridades para afrontar la injerencia de los criminales, así como la escasa credibilidad y confianza que gozan frente a los ciudadanos”, concluyó.