La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) verificar la situación patrimonial de los integrantes del Poder Judicial que sean de su competencia.
La comprobación se realizaría mediante un convenio de coordinación permanente y de intercambio de información entre el CJF, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Además, los legisladores invitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al CJF a llevar a cabo con el Congreso un diagnóstico de la justicia en México que permita evaluar el desempeño de los órganos judiciales, combatir la corrupción, fortalecer la transparencia y abatir el rezago en la materia.
En el dictamen aprobado se señala que el CJF anunció la presentación de la denuncia de hechos ante la PGR, desde el 28 de enero de 2011, en contra del secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa con sede en la ciudad de México, Esiquio Martínez Hernández, por el probable delito de enriquecimiento ilícito.
Indica que el comunicado del Consejo, emitido bajo en número 21, explica que la denuncia fue presentada “tras detectarse que en los últimos años obtuvo y registró ingresos y egresos, superiores a sus percepciones como servidor público.”
Destaca que Martínez Hernández obtuvo ingresos netos declarados ante el SAT, después de impuestos y otras retenciones, en el periodo de 2003 a 2010, por la cantidad de cinco millones 444 mil 814 pesos con 25 centavos, siendo que “en una sola de sus cuentas bancarias registró movimientos por 432 millones 536 mil 378 pesos con 57 centavos”.
Por ello, senadores y diputados coincidieron en que diversos órganos judiciales son objeto de señalamientos que implican corrupción de algunos de sus integrantes, lo que mina la confianza ciudadana en la imparcialidad de los medios de administración de justicia del Estado.
En opinión de los legisladores, repercute en desconfianza hacia el resto de los órganos de gobierno, pues se identifica su actuar como arbitrario e impune.
Destacaron que mantener la confianza de la sociedad respecto de la actuación de las instituciones que procuran y administran justicia, constituye un elemento imprescindible para recuperar las condiciones de paz social y seguridad pública, vulneradas por el fenómeno de violencia que impera en el país.
Por ello, consideraron conveniente promover el trabajo de evaluación entre los poderes Judicial y Legislativo, a efecto de formular un diagnóstico que permita el eventual diseño e implementación de una política de fortalecimiento del esquema de impartición de justicia.