Porque es urgente mejorar la efectividad de las instituciones encargadas de la procuración de justicia, es impostergable que los mexicanos cuenten con ministerios públicos independientes que garanticen la protección de los derechos de las víctimas y de los indiciados y se erradique la impunidad.
Así lo expuso ante el Pleno el senador José María Martínez Martínez, al presentar una iniciativa que pretende establecer como organismo autónomo al Ministerio Público, donde éste deberá ser independiente del Poder Ejecutivo y dentro de sus funciones sólo deberá de encontrarse la de investigar los delitos y perseguir a los presuntos responsables en un plano de legalidad, imparcialidad e igualdad de todos ante la ley.
“Más que aumentar penas y establecer reglas para la práctica de las actuaciones en materia penal, urge mejorar la efectividad de las instituciones encargadas de la procuración de justicia. Es indispensable realizar una reforma de fondo, mediante la cual se garantice la protección de los derechos de las víctimas y de los indiciados y se erradique la impunidad.
Es urgente, cambiar radicalmente la forma de operación de las procuradurías que detentan poder absoluto por encima de la institución del Ministerio Público separando su actuar y otorgándole autonomía.
El legislador integrante de la Comisión de Justicia, expuso que el Ministerio Público de la Federación estará presidido por un Procurador General de la República, designado por el Senado entre la terna propuesta por el titular del Ejecutivo Federal.
Los requisitos serán: Ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de 10 años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso.
“El procurador durará en su encargo seis años y no podrá ser removido sino por las causas y conforme a los procedimientos que, para exigir sus responsabilidades, se prevén en el Titulo Cuarto de esta constitución y sus leyes reglamentarias. La remuneración que reciba por sus servicios no podrá ser disminuida durante su encargo”, explicó.
Martínez Martínez, replanteó que dicho órgano desde su raíz y naturaleza es un paso más para hacer efectivas las garantías tanto de las víctimas como de los indiciados dentro de la investigación, pues no se puede dejar esa facultad sólo al juez de control y cerrar los ojos ante la actuación deficiente del Ministerio Público.
Expuso que las características que tendría el Ministerio Público como organismo constitucional autónomo serían: realizar funciones públicas correspondientes al Estado como lo es la procuración de justicia, priorizando en su labor el interés público por sobre todas las cosas; guardar una relación de coordinación con los poderes de la Unión pero nunca de subordinación; sus titulares se convertirán en responsables y se preverán los procedimientos para exigir la rendición de cuentas y sancionar actos contrarios a lo obligado; su labor técnica deberá de ser altamente especializada en relación a las distintas materias, géneros de delitos y destinatarios.
En la iniciativa abunda: “sus actos se regirán por los principios de legalidad, imparcialidad e igualdad de todos ante la ley; a sus miembros se les reconocerán garantías para asegurarles autonomía técnica, estabilidad en su nombramiento, ubicación, remuneración y responsabilidad”.
En ese mismo sentido, el senador considera que es prudente la creación del Consejo del Ministerio Público Federal, pues es indispensable para asegurar la profesionalización y especialización de los integrantes de la procuraduría, incluyendo policías y peritos, tal y como ha funcionado en el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura.
“La especialización y profesionalización deberá seguir una lógica educativa, por lo que se deberá realizar mediante la implementación de cursos actualizados y frecuentes, que se extenderían a ser impartidos al aparato policíaco y pericial para unificar la actuación de todos aquellos elementos que intervengan en las investigaciones ministeriales”, manifestó.
Martínez Martínez precisó que el Consejo del Ministerio Público Federal será un órgano con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera ministerial, se integrará por cinco miembros y uno de ellos será el Presidente del consejo, funcionarán en plenos o en comisiones.
El pleno resolverá sobre la designación, adscripción, ratificación y remoción de ministerios públicos, así como de los demás asuntos que la ley determine.
Los Consejeros serán designados por las dos terceras partes del Senado, o en sus recesos por la Comisión Permanente de la siguiente manera; un integrante a propuesta del Procurador General de entre los subprocuradores, los cuatro restantes a través de convocatoria pública.
“Los consejeros ministeriales durarán cinco años en su cargo, y no podrán ser nombrados para un nuevo período. Durante su encargo, solo podrán ser removidos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución”.