El senador Ramiro Hernández García señaló que solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP), un informe destallado de las sanciones económicas impuestas a funcionarios públicos, por hechos de corrupción, así como el monto de los recursos recuperados y no recuperados, y las razones que han motivado estos últimos.
En este sentido, el cobro de estas sanciones, impuestas por la SFP, han sido muy deficientes. De un listado de más de 2 mil casos, durante 1988 al año 2000, existen expedientes de cuentas por cobrar, hasta por 300, 400 y 500 millones de pesos, que aún siguen sin cobrarse, dijo el legislador.
El legislador federal argumentó que el llamado ala Secretaría de la Función Pública es para que acerque elementos y poder establecer mecanismos de sanciones y si es necesario, hacer modificaciones a la propia ley, de manera que el combate a la corrupción pueda realizarse de una forma más eficaz.
Hernández García explicó que no ha habido información oficial del estado que guarda la cobranza de estas sanciones, y han destacado algunos señalamientos que indican que “de las multas que ha impuesto el Gobierno federal a funcionarios corruptos por daños causados al erario, las autoridades solamente han logrado recuperar el 0.18 por ciento”.
El titular de la SFP, Salvador Vega Casillas, informó en últimas fechas, que en lo que va del actual sexenio, han sido sancionados más de 28 mil servidores públicos, con más de 3 mil 500 inhabilitaciones “graves”, que incluyen 107 denuncias penales por actos de corrupción.
De acuerdo con el cuarto informe de la Secretaría de la Función Pública, entre septiembre del 2009 y julio de 2010, se registraron 14 mil 447 sanciones administrativas, que involucraron a 12 mil 265 servidores públicos, de las cuales, en el 2009, las sanciones económicas ascendieron a 3 mil 884 millones de peso, y para este año se calcula que será de 3 mil 350 millones de pesos, pero se desconoce el estado del cobro de dichas sanciones.
Asimismo, en cuanto a las dependencias involucradas, la Secretaría de Educación Pública, dirigida por Alonso Lujambio, tuvo mil 199 denuncias, lo que la coloca a la cabeza de la lista. Entre otras que destacan, le sigue el ISSSTE que registró mil 26 denuncias, el IMSS con 763, el SAT con 640, la PGR con 542, la misma Función Pública con 501 señalamientos y la Policía Federal Preventiva con 585 acusaciones.
Ramiro Hernández García concluyó que, “la corrupción entre servidores públicos federales permanecerá mientras el Gobierno federal deje sin castigo los casos graves de irregularidades y desfalcos al erario, de ahí la finalidad de la solicitud”.