*Por el caso de secuestro de migrantes
El presidente de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Heliodoro Díaz Escárraga, aseguró que ante las inconsistencias y fallas que han evidenciado las autoridades mexicanas con motivo del secuestro y asalto que sufrieron más de cuarenta indocumentados provenientes en su mayoría de El Salvador y otros países de Centroamérica, se citará a comparecer al Secretario de Gobernación José Francisco Blake Mora y al titular del Instituto Nacional de Migración Salvador Beltrán del Río.
Mencionó que este asunto deja en entredicho a la política interior en materia migratoria y muy mal parado al Gobierno Federal por las pifias cometidas por nuestro país en el marco de su política exterior.
El diputado señaló que seguramente este asunto en los próximos días tomará un cauce por las vías jurídico penal, pero lo importante es que los legisladores de la Comisión Permanente conozcan en detalle por qué fuimos omisos e ineficientes; y qué se está haciendo al respecto para evitar esta constante violación, abusos, malos tratos, secuestros y hasta asesinatos masivos en contra de inmigrantes de países hermanos.
El diputado Díaz Escárraga, declaró que fundamenta esta comparecencia del más alto nivel, por las dudas que surgen en el manejo de la política migratoria. Algunas de ellas son:
Qué acciones tomaron la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración para confirmar o desechar la denuncia y exigencia del Ministerio Salvadoreño que a la postre resultó ser cierta y que dio como resultado la evidencia de ineptitudes y falta de coordinación en la actuación gubernamental.
Asimismo, que se especifique qué funcionarios intervinieron para negar evidencias sobre hechos ciertos, ya que se afirma que la Secretaría de Gobernación y el instituto establecieron comunicación con autoridades locales y federales, así como con la compañía ferroviaria, que nos les permitió tener el mínimo indicio de un hecho que ya se conocía en países extranjeros, acreditándose no sólo el ineficaz combate a la delincuencia, sino ineptitud e irresponsabilidad en la coordinación interinstitucional que presume, incluso, complicidad de este hecho que vuelve a colocarnos de manera negativa al Gobierno y al pueblo de México.
Que debe aclararse quiénes fueron las autoridades responsables del operativo que, previo al secuestro, detuvo al tren de carga para asegurar a los más de 90 indocumentados en la zona del istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
Que se especifique qué hicieron las autoridades del Gobierno de Oaxaca y qué mecanismos de coordinación se adoptaron tanto para corroborar los hechos, como para iniciar de inmediato la búsqueda de los secuestrados, o por qué esto no se hizo con la oportunidad y seriedad debidas.
La comparecencia, dijo, será momento propicio para que senadores y diputados de la Comisión Permanente conozcan a detalle y aclaren dudas sobre el acuerdo recientemente firmado sobre la Estrategia Integral para la Prevención y Combate al Secuestro de Migrantes que, de entrada, refleja ser un documento de buenas intenciones pero de nula capacidad de respuesta inmediata.
Qué sustento real en términos de líneas estratégicas y de operación sustentan este acuerdo, ya que se habían hecho por países extranjeros denuncias similares con anterioridad, y luego de la masacre colectiva de migrantes se reflejan nuevas pifias ante un fenómeno como el de la inmigración en nuestra frontera sur, cuyo fenómeno es público y notorio con todas sus nefastas implicaciones.
Lo anterior tiene relevancia y afecta la política interior y exterior de México porque de manera sistemática se permiten abusos a los derechos humanos de los migrantes y ahora reflejamos que la delincuencia organizada rebasa con asesinatos y secuestros masivos a las autoridades federales.
Que en estas fechas en donde vemos mensajes de buenos propósitos y afirmaciones de que las cosas marchan y marcharán mejor, lo cierto es que estos fenómenos no son buenos augurios, ya que es inconcebible que países extranjeros se impongan primero de lo que pasa en México y nos exijan hacer la tarea, mostrándonos complacientes, ineptos y hasta encubridores, o en el menor de los casos, como si pretendiéramos soslayar lo que no debe ser cosa común en nuestro país, dejando al Gobierno mexicano muy mal parado en sus políticas de respeto a los derechos humanos, política interior y política exterior.
Seguramente, los legisladores no permitirán que este asunto sea uno más de la justicia mexicana, sino algo que deba revisarse a fondo para revisar fallas y, fundamentalmente, exigirle a las autoridades al evaluar su desempeño, y que implementen acciones efectivas para dar con los responsables, garantizar la vida e integridad física de los secuestrados y contar con un plan que abata este fenómeno y sus consecuencias en la frontera sur de nuestro país.