Por mantener presuntos vínculos con al delincuencia organizada, el senador priísta Francisco Arroyo Vieyra exhortó a la Procuraduría General de la República para que, a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, investigue a la alcaldesa del municipio de Celaya, Rubí Laura López Silva y a la administración municipal.
Propuso, además, que los funcionarios públicos municipales involucrados en las investigaciones que lleve a cabo la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, soliciten licencia al cargo de inmediato para dar paso a las indagaciones y deslindar responsabilidades.
Esto, tras la detención de integrantes del grupo denominado “Caballeros Templarios”, que realizaban todo tipo de actos delictivos en Celaya y otros municipios de la zona.
Se logró la detención de diez personas, dijo el senador guanajuatense, quien comentó además que se resguardó una casa de seguridad, donde se encontró una lista que contenía nombres y datos de varios giros comerciales, como hoteles, escuelas, casas de empeño, restaurantes, salones de fiesta, bares, centros nocturnos, negocios de instalación; presuntamente la cual sería utilizada para actos de extorsión.
También se encontró otra lista con datos de distintas autoridades, las cuales presuntamente se mantenían en la nómina de la célula criminal.
Como parte de las investigaciones, la Procuraduría de Justicia del estado denunció la implicación de varios funcionarios municipales de las áreas de fiscalización, catastro y policía con el crimen organizado. La función consistía en pasar todo tipo de información a los grupos delincuenciales, explicó el legislador.
“Es alarmante que en la investigación realizada por la Procuraduría estatal estén involucrados funcionarios municipales, quienes proporcionan información a la cual tienen acceso por el desempeño de su cargo; esta situación deja en un estado de vulnerabilidad total a todos los habitantes de Celaya”, explicó Arroyo Vieyra.
El legislador añadió que la fuga de información en las Direcciones de Catastro y Fiscalización deja en evidencia a los grupos criminales, los cuales cuentan con datos relativos a las propiedades que tienen cada una de las personas que habitan el municipio.
“La presidenta municipal, Rubí Laura López Silva, no ha dado una respuesta clara y contundente a los habitantes de Celaya en torno a las investigaciones que se han realizado, y es muy grave que no se hubiera dado cuenta que en áreas claves de su administración se diera información a grupos criminales”, apuntó.
Por ello, comentó Arroyo Vieyra, es urgente que prosiga la investigación con la colaboración de las instancias federales correspondientes, que se detenga la fuga de información de las direcciones municipales, y que se apliquen las sanciones contra los funcionarios públicos implicados.