Por Guillermo Pimentel Balderas
Cruz López Aguilar, titular de la Procuraduría Agraria, indicó que aún persisten problemas en la certificación de los derechos ejidales, la titulación de los solares urbanos y otros conflictos derivados de la incertidumbre en la tenencia de la tierra.
Por ello, dijo que como parte del compromiso del presidente Enrique Peña Nieto, esta dependencia reencauzará el camino para atender los rezagos en el reordenamiento de la propiedad rural.
Destacó que “Se avanzó bastante, pero también se cometieron errores al momento de hacer un reordenamiento agrario. Entre los equipos técnicos y la tecnología que existía en ese entonces para llevar a cabo los planos, se encontró una diferencia en las superficies que afectó las primeras entregas del reparto agrario”.
Esas diferencias, añadió en entrevista, dejaron en conjunto, más de 7 millones de hectáreas sin certificar. De igual forma, agregó, hubo un demérito en la calidad de los trabajos. En varios casos se hicieron mediciones del perímetro, pero parcelas de los comuneros y ejidatarios se dejaron sin mediar.
Sobre la certificación de los derechos ejidales, reiteró que están involucradas cerca de siete millones de hectáreas, no obstante, el problema es añejo y parte desde la propia creación del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) cuya finalidad era darle certidumbre a la propiedad social, mismo que después se transformó en el Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR).
“Ese parcelamiento interno que se daba, ahí se quedó y no se midió, entonces ese trabajo debe ser parte del reordenamiento agrario, territorial y urbano”, abundó.
Cruz López destacó que existe también el problema en otro tipo de tenencias, como el caso particular de las colonias, las cuales, muchas de ellas no cuentan con papeles.
“La colonia es una especie de híbrido de tenencia de la tierra, los colonos tienen los mismos órganos de gobierno al interior, pero a ellos no los hemos ayudado porque no tienen un papel que pruebe que efectivamente la tierra les pertenece”.
Reconoció que hay una gran conflictividad agraria por resolver. “Estamos hablando de que los propietarios, los productores privados están, en muchos de los casos, más pobres y más vulnerados porque no tienen certidumbre en la tenencia de la tierra”.
El procurador agrario resaltó que ese es el motivo por el cual, en la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se atribuyeron las responsabilidades de reordenamiento agrario a la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
Mencionó que los conflictos también se han incrementado como consecuencia de que la tierra es un insumo fundamental para muchas otras actividades relacionadas con otras áreas de la economía del país.
Citó por ejemplo los casos del crecimiento urbano, el tema de la vivienda y turismo, aspectos que tienen que ver con la parte jurídica. “Hay una serie de ejidos que colindan con la parte pública, en el caso del turismo, los ejidatarios quisieran participar en esa plusvalía de la tierra, como consecuencia de estar cerca de litorales o sitios en los cuales se pueden destinar para fines turísticos”.
Otro ejemplo, dijo, es el tema de la minería, en la superficie de la tierra, donde los ejidatarios entablan relaciones con grandes empresas trasnacionales mineras pero con resultados negativos para éstos porque no obtienen beneficios.
La gran pregunta es cómo se van a beneficiar los dueños de la tierra, si sólo van a ser proveedores y compartirán sus recursos naturales. ¿O también van a obtener alguna retribución?
Concluyó que la tarea principal es asumir el compromiso hecho por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de trabajar para el campo; salir de la pobreza extrema y eliminar la pobreza alimentaria, y para tal propósito hace falta reordenar y ordenar lo que se hizo mal y lo que se hará con planeación.