La senadora Adriana Dávila Fernández consideró lamentables las afirmaciones del líder nacional priísta, César Camacho Quiroz, porque “parece ignorar que detrás de las denuncias contra de Cuauhtémoc Gutiérrez, se encuentran asuntos tan importantes como la presunta comisión de un delito, pero más allá, está el hecho de lacerar la dignidad de las mujeres afectadas y violentar sus derechos humanos”.
En su calidad de presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas, dijo que omitir la responsabilidad de quienes lucraron con las víctimas para engancharlas en una presunta red de prestación de servicios sexuales, es abonar a la corrupción de la justicia e impunidad.
Insistió en que el dirigente nacional del PRI sobrepasa sus atribuciones, pues antes que conseguir votos, debe ser fundamental el escrupuloso respeto a los derechos humanos. “No es posible desvincular el trabajo político con las actuaciones públicas de las personas que tienen un liderazgo específico. Las prácticas indebidas que lastimaron la dignidad y los derechos humanos, deben castigarse con todo el rigor legal”.
Y añadió: “Si bien cada partido político tiene sus propias reglas y procedimientos de operación, lo cual es muy respetable, lo que es indignante es que ante la conducta reprobable del ex-dirigente capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez, se privilegie el peso electoral más que la salvaguarda de la integridad de las víctimas del presunto delito de explotación sexual. Que, insistimos, debe investigarse”.
Puntualizó que cuidar los votos es tarea inherente de los partidos políticos, lo cual no debe estar por encima de los derechos humanos. “Lucrar con las necesidades laborales es deleznable. Ningún líder puede hablar de respeto a quienes han entregado tiempo e intelecto por el partido, cuando el ex dirigente capitalino precisamente actuó de manera presuntamente ilegal”.
Finalmente dijo que no se encuentra justificación cuando se señala que “es un reto encontrar una forma de diferenciar el trabajo político… que incluso nos han ayudado a ganar espacios”, pues cada instituto político tiene la libertad de inclusión y participación de sus militantes, así como de avalar el desempeño de su comportamiento, pero ante la opinión pública, es importante conocer la procedencia y circunstancias de los votos obtenidos en las urnas.