Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, integrante de a Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, reveló que en la Cuenta Pública del 2010, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) reseña que en la contratación de servicios integrales de laboratorio y bancos de sangre de clínicas y hospitales del ISSSTE, “los resultados fueron desastrosos” para los derechohabientes de ese organismo del sector salud.
Recordó que por ello el actual presidente Enrique Peña Nieto informó recientemente que para este año se destinarían para contrataciones públicas 365 mil 129 millones de pesos, es decir, más de mil millones de pesos diarios en este 2013.
Indicó que la Estrategia de Contratación Pública del Ejecutivo federal tiene como objetivos acelerar las contrataciones y asegurar que se realicen bajo los principios constitucionales de eficacia, economía, transparencia y honradez.
Explicó que por lo anterior, en reunión de trabajo, los diputados consideraron de suma importancia que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal transparenten de manera real, efectiva y ágil los procedimientos de licitación en los que intervengan.
Precisó que la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para evitar que los servidores públicos que dañen el erario público sigan en funciones, como si nada pasara, impidiéndose que el resarcimiento del daño extinga el resto de las responsabilidades que deben enfrentar, ya sean administrativas, penales o políticas.
Dijo que de ahí la necesidad de establecer un mecanismo que protege el patrimonio del Estado ante un daño o perjuicio a su hacienda, pues constriñe a un servidor público o particular a reparar la afectación, pues de omitir enterar el pago de daños y perjuicios se le impedirá seguir ejerciendo sus funciones o actividades.
Además impide que los servidores públicos sujetos a responsabilidad resarcitoria y que no hayan reparado el daño sean contratados para el ejercicio de la función pública, lo que los constriñe a enterar el pago a la Tesorería de la Federación.
Lo anterior, puntualizó, con el fin de procurar que los servidores públicos cumplan íntegramente con los requisitos de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones.
El dictamen aprobado reforma el artículo 54 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; modifica la fracción X del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; adiciona una fracción VI, recorriendo la actual VI a VII, del artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público, así como una fracción VI, recorriendo la actual VI a VII, del artículo 78 de la ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.