El senador Javier Corral Jurado dio inicio a una serie de reuniones informativas sobre los contenidos de la “Ley Peña-Televisa”, como ha denominado a la Iniciativa de Ley Secundaria en materia de radiodifusión y telecomunicaciones enviada por el Ejecutivo Federal, y convocó a un Frente Nacional en contra de dicha propuesta que “no es otra cosa que un retroceso y un regalo más para el duopolio televisivo”.
Su primer encuentro lo tuvo ante estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quienes abarrotaron la Sala Lucio Mendieta para escuchar las múltiples regresiones que esta propuesta contiene. Frente a sus alumnos anunció que no asistiría a las audiencias en el Senador, pues a su parecer, se trata solamente de un proceso de simulación, además de que su trabajo legislativo se traslapa con las entrevistas a los candidatos a comisionados del IFAI; “yo no voy a ser parte de ese proceso de simulación, yo estoy encantado de estar platicando con ustedes, aquí tengo más que hacer que allá, aquí podemos despertar consciencias y allá ya sabemos que estamos frente una decisión predeterminada”, señaló.
Más tarde, la cita se dio en el Museo Casa León Trotsky en donde se reunieron especialistas en la materia para advertir las graves consecuencias de que la “Ley Peña-Televisa” sea aprobada en sus términos. Ante un auditorio lleno de ciudadanos interesados, académicos, cineastas, artistas, periodistas, columnistas, activistas, así como el Senador Ernesto Ruffo Appel; Javier Corral convocó a un movimiento nacional en contra de esta propuesta, y del mismo modo a hacer un balance del proceso de dictaminación el próximo 11 de abril a las 11:00 am en el Teatro de la Ciudad de México.
Como punto de partida, el legislador chihuahuense señaló que es fundamental estar informados, “porque nadie va a la batalla sin fusil y, en este caso, nuestro fusil es la información sobre los contenidos de la iniciativa”.
En este foro que se destacó por su diversidad e inclusión, participó Alfredo Figueroa, ex Consejero del Instituto Federal Electoral, quien señaló que en la propuesta de Peña Nieto existen claros sesgos que se alejan del espíritu de la reforma constitucional en la materia y por tanto se trata de un proyecto regresivo “los pilares de la reforma constitucional que nos hicieron calificarla como un avance importante, como un logro fundamental, son los que quieren ser mermados con una iniciativa que en algunos aspectos […] hasta cínicamente intentan ir en contra de la propia Constitución” comentó.
Por su parte, la investigadora Clara Luz Álvarez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, mencionó como uno de los aspectos más preocupantes el concerniente a la preponderancia y las medidas que se establecen para contrarrestar sus efectos, pues en estas no se establece la obligación de que una parte del presupuesto de estos preponderantes de radiodifusión se destinen a adquirir producción nacional independiente, además de que están ausentes los derechos de las audiencias. La especialista en derecho de las telecomunicaciones lamentó que tampoco se planteen medidas efectivas para la propiedad cruzada de medios, “me parece que si va a haber un límite a la propiedad cruzada de medios debería haber algo que no sea un castigo ulterior para que nunca se cumpla”.
Gabriel Sosa Plata, profesor de la UAM, habló sobre la concesión única sobre todo del claro desequilibrio regulatorio existente en la ley, en su participación aclaró que si bien la mayoría de los asistentes estuvieron de acuerdo con la reforma constitucional, no así con la iniciativa de ley que es “inconstitucional en varios de sus preceptos” y “de convergente no tiene absolutamente nada”.
La Asociación Mexicana del Derecho a la Información también estuvo presente en voz de su presidente, Agustín Ramírez, quien además de mostrar preocupación por las materias de preponderancia y propiedad cruzada de medios, hizo hincapié en que una iniciativa en esta materia no sólo tiene que ver con competencia, sino con diversidad: “No es tener más agentes que compitan en la radiodifusión, como si con esto se fuera a satisfacer el servicio público de radiodifusión, este concepto se satisface con pluralidad y diversidad de contenidos”, señaló.
Asimismo, apuntó que tratándose de los medios públicos, aunque la Constitución expresa que no tendrán fines de lucro “esto no significa excluirlos de las posibilidad de crecimiento y de prestación de ciertos servicios y particularmente de comercialización de espacios publicitarios”. En el artículo 10° transitorio se establecen los requisitos con los que deben de contar estos medios, sin embargo, aseguró Ramírez “en la iniciativa del Presidente de la República no hay una sola mención a las características de los medios públicos”.
Agustín Ramírez recordó que la AMEDI presentó hace meses una iniciativa que además fue respaldada por un grupo plural de senadores, misma en la que insistirán en las audiencias públicas.
Otra preocupación que se manifestó fue la concerniente a la regulación de los contenidos y que ésta pase a manos de la Secretaría de Gobernación pues la reforma constitucional le daba atribuciones al IFT precisamente para su regulación, promoción y supervisión, así lo señaló la profesora Beatriz Solís, también integrante de la AMEDI.
Por su parte, Luis Fernando García de la Red de Derechos Digitales expresó que la iniciativa no sólo afecta en el tema de la radiodifusión, sino también existe el peligro de que las autoridades censuren internet, lo cual es claramente inconstitucional.
“Se establece una facultad preocupante que revela las verdaderas intenciones de los gobiernos que tienen intención de atacar a los jóvenes que están políticamente activo. En el artículo 197, fracción séptima [se] faculta [al gobienro a] bajar el switch a todas las telecomunicaciones en la zona que ellos quieran”; asimismo, García apuntó que con la iniciativa se establecen diversas disposiciones que amplifican de manera considerable las facultades de vigilancia, de espionaje de agencias del gobierno.
Finalmente, José Luis Caballero, profesor especialista en derechos humanos expresó que se viola la Constitución si no se hace un ejercicio interpretativo entre la constitución y los tratados internacionales, se viola si haciendo este ejercicio no se toma en consideración el contenido integrado de los derechos y si además la legislación no se adecúa el principio pro persona y progresividad; es decir, no pueden rebajarse los contenidos que ya están en la Constitución.
En un ambiente de colaboración y participación los asistentes se comprometieron a seguir informándose sobre el avance en el proceso de dictaminación, así como unir esfuerzos para impulsar un frente amplio y plural en contra de este proyecto regresivo.