Las demandas y desigualdades que detonaron el conflicto Zapatista continúan vigentes y requieren de atención para evitar el estallido de nuevos movimientos, aseguró el senador Benjamín Robles Montoya.

Por ello, propuso que la Secretaría de Gobernación inicie un proceso de consulta a los pueblos indígenas de México para elaboración una propuesta integral que permita el desarrollo económico de estas comunidades, tomando en consideración y respetando sus lenguas, usos, costumbres y sistemas normativos internos.

Además, mediante un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente,  solicitó al Ejecutivo Federal un informe sobre las acciones y trabajos que se han realizado para lograr la pacificación en el estado de Chiapas, que 20 años después aún no se ha logrado.

Recordó en el 94, indígenas tzeltales, tzotziles, choles y tojolabales, armados tomaran cinco cabeceras municipales del estado de Chiapas: San Cristóbal de las Casa, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y Chanal.

“La marginación y la miseria en que viven las comunidades indígenas en México, especialmente en el sureste desde hace cientos de años, fueron el factor que detonó el Movimiento Zapatista en Chiapas” apuntó el representante de Oaxaca.

Robles Montoya aseguró que las demandas que llevaron al conflicto hoy siguen vigentes, “este grupo de rebeldes han demandado desde entonces trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz”.

Y señaló que pese a las medidas emprendidas por el Gobierno y el Legislativo, como la conformación de la Comisión de Concordia y Pacificación, el conflicto en sí no ha encontrado soluciones y la situación de marginación y falta de desarrollo en que se encuentran las comunidades indígenas cada vez se agrava más.

“Y más si tomamos en consideración las recientemente aprobadas reformas educativa, fiscal y energéticas, con las cuales se contribuirá a que estas comunidades se mantengan en la miseria”, aseguró el oaxaqueño.

Por ello, urgió al Gobierno Federal y al mismo Poder Legislativo a generar una iniciativa que permita retomar los Acuerdos de San Andrés, y se diseñen nuevas políticas públicas que permitan la participación política de manera incluyente de los pueblos indígenas.

“Debemos retomar la declaración sobre derechos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas en 2006 y el protocolo de actuación emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se establecen con claridad definiciones como tierra, territorios, recursos naturales y la consulta indígena”, manifestó.

Finalmente, Robles Montoya indicó que es menester no sólo reanudar los diálogos para la pacificación, sino que además, es necesario impulsar de manera urgente, mecanismos que permitan a las comunidades indígenas salir del rezago tan lacerante en el que se encuentran.