Para el gobierno federal es prioritario involucrar a los ciudadanos, beneficiarios de programas sociales, en la supervisión del ejercicio de los recursos destinados a ellos, ya que son quienes conocen las necesidades de la población de manera más cercana, destacó el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, Encargado del Despacho de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Julián Olivas Ugalde.
Al participar en la entrega del “Premio Nacional de Contraloría Social 2013”, el Subsecretario señaló que cuando se conjunta el trabajo de los ciudadanos, con el conocimiento técnico de autoridades federales y locales, se logra el beneficio para las comunidades.
Con la entrega de este premio, dijo, se reconoce de manera importante las acciones realizadas por los Comités de Contraloría Social, integrados por beneficiarios de los programas sociales federales, así como las iniciativas innovadoras con fines de vigilancia ciudadana.
El funcionario federal celebró la participación de la sociedad civil e informó que en esta ocasión se recibieron 425 trabajos procedentes de Comités de 16 entidades federativas, así como 54 trabajos de organizaciones civiles.
Olivas Ugalde hizo un reconocimiento especial al Comité de Contraloría Social, ganador del primer lugar, cuyos integrantes son originarios del municipio de Cadereyta de Montes, quienes, indicó, participaron en la supervisión del ejercicio de recursos por más de 15 millones de pesos e incluso, modificaron el proyecto.
A este respecto, precisó que para este año, el presidente Enrique Peña Nieto ha instruido a la dependencia a su cargo a fomentar este tipo de participación ciudadana a través de los Comités de Contraloría Social, dado que habrá un número importante de obras en todo el país que requieren la colaboración de la sociedad civil.
El Encargado de la SFP reiteró la colaboración del gobierno federal para la promoción de proyectos en materia de control, vigilancia, supervisión, evaluación y transparencia; orientados a la mejora continua de las prácticas de gestión pública, conjuntamente entre los tres niveles de gobierno.