La débil regulación en la operación de las compañías de autofinanciamiento fomenta el desequilibrio en la relación comercial, prácticas deshonestas y abusos que afectan el patrimonio de los consumidores, afirmó el diputado Víctor Manuel Bautista López.
En su calidad de integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, dijo que por ello impulsa un punto de acuerdo para al solicitar a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) un informe veraz y objetivo sobre estas empresas, a fin de construir un marco legal nacional para garantizar la equidad en la contratación de sus servicios de financiamiento.
En su propuesta, el legislador subrayó que resulta indispensable promover acciones para fortalecer la protección de los usuarios y destacó que 21 empresas cuentan con registro ante la Profeco y con autorización emitida por la Secretaría de Economía para otorgar este tipo de inversión.
Aún con el limitado marco regulatorio que existe, en el 2012 los usuarios presentaron 2 mil 911 quejas en contra de 20 de estas compañías. La mayor incidencia la registra Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey SA de CV, con mil 442 denuncias, indicó.
Bautista López subrayó que entre las causas de mayor reclamo se encuentran la negativa a la rescisión del contrato y a la entrega del producto o servicio; producto o servicio no solicitado o autorizado y daños durante el proceso de entrega, así como el rechazo a corregir errores de cobro y devolver depósitos.
Urgió a conocer la situación de las quejas presentadas por los consumidores en contra de los sistemas de comercialización que contempla el artículo 63 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para identificar si en el desahogo de las investigaciones se han detectado irregularidades graves como el uso de contratos de adhesión distintos a los registrados ante la Profeco, y de ser así informe si ha hecho del conocimiento del Ministerio Público estas acciones.
También propuso solicitar a las procuradurías de Justicia o fiscalías generales de las entidades federativas y del Distrito Federal investiguen con prontitud y eficiencia las denuncias sobre fraude y usura que presenten los usuarios y, de ser el caso, se sometan al conocimiento de las autoridades judiciales respectivas.
El documento indica que se han detectado quejas por el incremento injustificado del costo de los bienes a adquirir, debido a la aplicación de tasas de interés con actualizaciones distintas a las notificadas a la autoridad, las cuales incluso cuadruplican las tasas más altas que se cobran en las tarjetas de crédito comerciales, lo que constituyen acciones claras y judicialmente tipificadas como usura.
Sostuvo que las condiciones que actualmente privan en la relación de las compañías de autofinanciamiento y los usuarios resultan desventajosas para los segundos, afectando el equilibrio de voluntades que debe prevalecer en este tipo de contratos y que dañan el patrimonio familiar.