La Cámara de Diputados aprobó exhortar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a que realice una exhaustiva investigación y un dictamen técnico y jurídico en relación con el embalse ubicado en el rancho Pozo Nuevo, Sonora, así como las causas que originaron el colapso de la cortina de la presa.
También se solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dar a conocer públicamente si la presa localizada en este rancho cuenta con análisis de impacto ambiental y con título de concesión, así como si se cuenta con autorización para el cambio de uso de suelo forestal.
Además se pidió al gobierno federal revisar y determinar si las obras realizadas en el rancho Pozo Nuevo, propiedad de Guillermo Padrés Elías y familia están dentro de la legalidad.
Durante la fundamentación, el diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (PRI) indicó que la presa ubicada en el Rancho Pozo Nuevo tiene una capacidad de cuatro millones de metros cúbicos de agua y cuenta con una cortina de 120 metros de largo por 80 de altura.
Explicó que la concentración de toda esta agua en la presa provocó escasez del vital líquido en las comunidades aledañas. A juicio de los habitantes de la comunidad de Bacanuchi, del municipio de Arizpe, esta sequía trajo como consecuencia pérdidas económicas sin precedentes a los productores de la región.
“Es verdad que el sector agropecuario tiene el derecho de utilizar las aguas superficiales para sus fines, pero esto deberá hacerse mediante una concesión que la Comisión Nacional del Agua otorga con base en un estudio que dé cuenta de la suficiencia del recurso”, indico el legislador.
Subrayó que este lugar también posee un acueducto con una superficie aproximada de siete kilómetros para trasladar el agua de desde ese punto hacia un reservorio que asegura el riego tecnificado de 300 hectáreas de nogal.
Recordó que el pasado sábado 20 septiembre el crecimiento del afluente del río provocó la ruptura de la presa; sin embargo, versiones de vecinos del lugar hablan de explosivos que se llevaron a cabo, por lo que pidió abrir una línea de investigación adicional para saber si se utilizaron explosivos y si estos contaban con el permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Resaltó la importancia de la Semarnat se pronuncie para conocer si las 300 hectáreas de nogal cuentan con los permisos ambientales requeridos, manifiesto de impacto ambiental, cambio de uso de suelo forestal, y si existe autorización de Conagua para la utilización de los pozos para riego tecnificado en esta superficie.