El diputado federal Juan Bueno Torio planteó modificar el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de que en los convenios firmados entre la federación y los gobiernos estatales para la transferencia de recursos federales, se establezcan sanciones administrativas a los funcionarios públicos que incurran en el retraso en la ministración de los recursos a municipios.
Asimismo, imponer una pena de dos a siete años de prisión, y multa de mil a 500 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien incurra en dichas conductas.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, señala que para alcanzar un esquema óptimo de distribución de recursos y funciones fiscales entre los tres órdenes de gobierno, es necesario alcanzar un equilibrio de corresponsabilidad y eficiencia, para que, con un sistema de transferencias federales óptimo, los órdenes locales tengan la capacidad presupuestal para solventar sus planes de inversión en el corto y mediano plazo.
Por ello, precisa, es necesario que se otorgue a los municipios certeza presupuestaria, a través de la norma, ya que en la “cadena de distribución” de recursos, son estos los más afectados. Además, “es fundamental que se establezcan las sanciones adecuadas que se encaminen a eliminar la corrupción que comúnmente generan los fondos dirigidos a dichos órdenes locales”.