La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos aseguró que “no le tenemos miedo a la transparencia y rendición de cuentas, pues por mandato sus estatutos establecen la obligación de dar a conocer informes periódicos sobre cuotas sindicales, por lo que “no necesitamos modificaciones que vengan de afuera cuando desde hace muchos años atrás tenemos establecidos estos procedimientos”.

En voz de Hugo Ramos Ramírez, consideró que existe una campaña mediática que pone a los líderes sindicales como si se robaran el dinero o se quedaran con las cuotas de los trabajadores.

Por ello, pidió a los senadores con quienes se reunió en mesa de análisis de la Reforma Laboral, que “enfoquen sus baterías hacia los sindicatos blancos que son protegidos por algunos malos empresarios y sedicientes abogados empresariales que los usan para encubrir pillerías y violaciones a derechos laborales de los trabajadores”.

En cuanto al tema del outsourcing, David Aguilar Robles, coordinador de la Comisión Política de la misma CROC, indicó que actualmente existen más de 4 millones de trabajadores contratados bajo el esquema de tercerización en 14 mil empresas.

Destacó que esas compañías usan la subcontratación para evadir al fisco y dejar de pagar 15 mil millones de pesos al año, además de que precarizan la situación de los empleados al no respetar sus derechos laborales.

En este sentido, propuso que se realice una verdadera regulación de esa práctica y se señale expresamente en la ley de qué forma se garantizarán los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores.

Por su parte, Arturo Oropeza López, asesor jurídico, también de la CROC, explicó que el pago por hora que se pretende aplicar en la reforma es “inoperante” debido a que el diseño de la legislación laboral del salario y prestaciones está sujeto a una jornada como pilar fundamental.

Esa modalidad de pago --explicó-- afectaría la cotización de los trabajadores ante el IMSS e Infonavit y en sus cuentas de Ahorro para el Retiro o demás prestaciones, ya que éstos se basan en el salario mínimo por jornada y no en la unidad de tiempo.

En este sentido, dijo que aun cuando se garantice un salario mínimo esa modalidad pone en riesgo la seguridad en el trabajo y ciertas garantías fundamentales, “pues altera, sin protección alguna, ese pilar fundamental que es la jornada, afecta la estabilidad del empleo y no garantiza un salario remunerador”.