Por Guillermo Pimentel Balderas
La Directora General de la Asociación Anauatlali Pro Derechos de la Propiedad Rural A.C., Cecilia García, alertó que las mujeres que habitan en zonas rurales o indígenas son más vulnerables a ser discriminadas o violentadas en sus derechos humanos e integridad física en sus propias comunidades, lo que las obliga a abandonar sus lugares de origen con rumbo a ciudades urbanas en donde pueden caer en manos de tratantes de blancas y ser explotadas sexualmente.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el próximo 25 de noviembre, Cecilia García, exigió a las autoridades defensoras de los derechos humanos y a la Conapred establecer políticas públicas acordes a esta realidad donde se pueda transmitir, en las diversas lenguas originarias, esquemas de protección para este sector poblacional.
La Directora General de Anauatlali recordó que en México se reconocen 64 lenguas originarias de pueblos indígenas y una amplia cantidad de variables dialectales, lo que imposibilita muchas veces la denuncia formal, de la mujer, ante la autoridad competente ante un caso de violencia.
Cecilia García, defensora de los derechos humanos de grupos étnicos en México comentó que la concepción de “usos y costumbres” entre los grupos étnicos del país también incita la agresión hacia mujeres, ya que se reportan casos en el trabajo de campo, donde la mujer indígena prefiere abandonar su lugar de origen tras varios actos de violencia sexual por parte de algún miembro de la familia.
Por ello insistió en la urgencia de que la CNDH, la Conapred e incluso la CDI consideren programas específicos para este sector poblacional a fin de que la mujer en los diversos grupos étnicos, así como en el medio rural, sea valorada por su género, rasgos físicos y origen étnico.
En la actualidad, no hay cifras oficiales que revelen la migración de niñas y mujeres de su tierra por motivos relacionados con el abuso sexual de que son objeto por parte de alguien de sus propios familiares, dejando de lado que también llegan a ser objeto de agresión física, emocional y económica.
Cecilia García recordó que de acuerdo a cifras del INEGI, en México hay comunidades dispersas que representan el 6 por ciento del total de la población rural e indígena que viven en comunidades de 99 habitantes y de 100 a 249 habitantes, sin acceso a programas de desarrollo social, productivo o educacional por lo que es lógico que carezcan de asesoría legal enfocada a la mujer para evitar que sea víctima de violencia.
Finalmente recordó que en México existen 16 millones de personas de etnia indígena de las cuales el 50 por ciento son mujeres que en algún momento de su vida son víctimas de violencia y por tanto debe ser obligación del Estado otorgar las medidas de defensa de sus derechos más elementales; en tanto que la mujer rural que se incluye en los más de 54 millones de mujeres mexicanas, también reclaman atención en la materia.