Así el país va al precipicio
A fin de acabar con la impunidad que ha llevado a que entren y salgan gobernantes que endeudan a sus entidades de manera irresponsable, propongo sancionar penalmente a aquellos servidores públicos que imprudentemente contraigan deuda o quebranten las finanzas públicas.
Así lo dijo la senadora panista Mariana Gómez del Campo Gurza, al señalar que para ello planteó que en el Código Penal Federal dentro de Título de los Delitos cometidos por Servidores Públicos, concretamente en el capítulo de los delitos denominados “Del uso indebido de atribuciones y facultades”, se incluyan en el artículo 212 como sujetos de acción punitiva penal federal, a los alcaldes y/o ediles.
El país, dijo, va en camino al precipicio porque ya hay estados, sobre todo municipios como Acapulco, Cuernavaca y Naucalpan, que no tienen manera de cumplir con sus obligaciones, es decir, están quebrados.
Y qué ocurre, puntualizó, tenemos todo un andamiaje jurídico como la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley del Mercado de Valores y la Ley General de Deuda que no se cumple, los gobernantes llegan al cargo, endeudan a sus entidades y se van sin que haya responsabilidad alguna.
“Por ello también propongo la inclusión de una fracción Cuarta al artículo 217, con el objetivo de establecer que cualquier servidor público de cualquier orden de gobierno, incluyendo a los órganos autónomos, que reciba o manipule recursos, presupuesto, partidas o transferencias de carácter federal y que realice con los mismos gestiones que impliquen contraer deuda pública que exceda un monto equivalente al 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto estatal o municipal, según sea el caso, así como que el total de los pasivos acumulados rebase el 7 por ciento de los ingresos locales o municipales, sea sancionado con pena de 6 meses a 12 años de prisión, de 100 a 300 días de multa y destitución e inhabilitación de 6 meses a 12 años para desempeñar otro cargo o comisión públicos, sanciones que ya prevé el artículo 217 de dicho Código”.
La senadora insistió: “Necesitamos establecer con claridad las medidas penales a que se harán acreedores quienes decidan empeñar el patrimonio de las familias mexicanas. Estoy segura que esta iniciativa permitirá que podamos amarrarles las manos.
Durante el año pasado, 24 de las 32 entidades federativas se endeudaron con al menos un crédito, el año pasado los estados que solicitaron el mayor número de instrumentos de deuda fueron Quintana Roo y Veracruz, pero las deudas más escandalosas por los montos y las tasas de crecimiento fueron las adquiridas por los estados de Chiapas y Coahuila”.
Explicó que de acuerdo con especialistas, en México al cierre del segundo trimestre del 2012 las obligaciones financieras de las entidades federativas y municipales ascendieron a 2.7 por ciento del PIB aproximadamente; sin embargo, lo relevante es que en los últimos cinco años registran una tasa de crecimiento anual de 24.4 por ciento. Tan sólo las obligaciones financieras totales de Coahuila, Veracruz y Chihuahua representan el 21.6 por ciento de la deuda subnacional, y hay que decir que los tres estados son parte de los siete que acumulan más de 60 por ciento de las obligaciones totales del trimestre junto con el DF, Nuevo León, Estado de México y Jalisco.
Finalmente consideró que esta ruta es a todas luces equivocada, porque a costa de tener popularidad se está empeñando el futuro de las familias y la estabilidad de las finanzas públicas.