Al aprobar la Cámara de Diputados un dictamen en el cual se obliga a servidores públicos federales y locales a responder las recomendaciones de las instituciones de vigilancia y defensa de los Derechos Humanos, se advierte que en caso contrario, se deberá justificar y hacer pública su negativa.
El documento fue aprobado por unanimidad de 398 votos, con el que se adiciona la fracción XXI Bis al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
En la fundamentación del dictamen, el diputado Jorge Terán Juárez detalló que esta reforma elimina la discrecionalidad de los funcionarios públicos para acatar o no las recomendaciones del Ombudsman, bajo el principio de que todo acto debe estar debidamente fundado y motivado.
Asimismo, obligará a los servidores públicos a responder lo que considere pertinente el defensor de los Derechos Humanos, y garantiza a éste más elementos para acudir al Ministerio Público a denunciar, si así lo estima necesario.
“Lo que se propone es un Ombudsman fuerte, la preservación del estado de derecho y el establecimiento cabal de las obligaciones de los servidores públicos en materia de Derechos Humanos y transparencia”, agregó.
Además, continuó, provee al Ombudsman la facultad de solicitar a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente, la comparecencia de las autoridades o los servidores públicos responsables, a efecto de que expliquen su negativa a cumplir con las recomendaciones.
Por otro lado, dijo, se fortalece a los organismos de Derechos Humanos, otorga certeza jurídica a los gobernados, refrenda el principio de gobernabilidad y objetiva el derecho a la información.
Con esta adición a Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos “se da repuesta a la ciudadanía, lo que cambiará su percepción sobre los derechos a los que tienen acceso y su relación con los actos de abuso por parte de las autoridades”, subrayó.
Terán Juárez recordó que de esta manera “concluirá una etapa que da cuenta de una importante generación de reformas en la materia” y “se coloca a nuestro marco normativo a la vanguardia y en plena congruencia con los instrumentos internacionales suscritos por México”.