La diputada federal Mary Telma Guajardo Villarreal urgió a las autoridades que encabeza el presidente Felipe Calderón a que se aplique todo el peso de la ley a los empresarios que evaden su responsabilidad, porque “ya es tiempo de frenar los asesinatos laborales que están ocurriendo en México”.
Aquí sus palabras textuales: “El pasado miércoles 25 de julio se registró una nueva tragedia en la región carbonífera de Coahuila que cobró la vida de siete mineros. Esta tragedia forma parte de una larga y funesta lista de accidentes laborales, todos ellos provocados por las condiciones de inseguridad que han privado en esos centros de trabajo.
“La inseguridad en las minas de la región carbonífera de Coahuila es un problema ancestral. Los llamados “pocitos” no reúnen los mínimos elementos de seguridad y son trampas mortales. Esto ha provocado un gran número de accidentes cuyo saldo de víctimas fatales agravia a la clase trabajadora.
“A pesar de las supuestas medidas que tomó la Secretaria del Trabajo y Previsión Social después de la tragedia de Pasta de Conchos en 2006, esta dependencia ha tolerado que se siga operando en las mismas condiciones de inseguridad, con los lamentables resultados en pérdidas de vidas.
“En el período que va de 2006 a la fecha, los mineros que han perdido la vida en esta región se cuentan por centenas, sin que las autoridades competentes puedan cumplir con una obligación mínima: garantizar la seguridad y la vida de los mineros en sus centros de trabajo.
“La impunidad es producto de la corrupción y ésta, a su vez, tiene su origen en la ambición desmedida. En la región carbonífera de Coahuila, esta actividad representa la única fuente de trabajo. Así, empresarios sin escrúpulos aprovechan la falta de fuentes de trabajo y la pobreza para adquirir mano de obra barata y someterla a laborar en condiciones de inseguridad.
“Para estos empresarios sin escrúpulos, los sobornos a inspectores y autoridades de todos los niveles son una inversión que les permite seguir operando en esas condiciones, amasando grandes fortunas a costa de la vida de los mineros, pero todo esto es posible porque grandes empresas consumidoras de carbón, como la Comisión Federal de Electricidad, les garantizan comprarles el producto a buen precio.
“Por esas razones, no sólo es necesario dar mayor cobertura a la inspección de los centros de trabajo y combatir la corrupción para eliminar la impunidad, sino también obligar a la Comisión Federal de Electricidad y otras grandes empresas, mediante estrictas medidas administrativas y legales, a no comprar carbón a los empresarios que no acrediten cumplir, al cien por ciento, con las normas internacionales de seguridad laboral en esta actividad.
“No sólo la legislación en la materia debe reformarse, sino también debe cambiar la actitud de las autoridades competentes y priorizar las medidas de seguridad y la vida de los mineros. Se debe castigar con penas más severas los actos de corrupción que deriven o puedan derivar en la pérdida de vidas humanas; ejercer un control eficiente para sancionar severamente a las grandes empresas que compren productos a minas clandestinas o sin seguridad. Sin estas medidas, seguirán ocurriendo estos asesinatos laborales producto de la codicia, la corrupción y la impunidad”.