El jueves pasado asistieron a trabajar 372 diputados federales, de un total de 500, y aprobaron modificaciones a 17 artículos de los códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales y Federal de Procedimientos Civiles, a fin de que el sistema de justicia incluya traductores en el lenguaje de señas y la escritura Braille en los procesos judiciales a que puedan estar sujetas las personas con discapacidad.
Las reformas avaladas buscan garantizar la equidad en la impartición de la justicia, para hacer obligatorias las medidas de atención a 5.1 millones de mexicanos, y no dejarlo al sentido común de los ministerios públicos, jueces y demás autoridades en la aplicación de la ley.
En México, 5 de cada 100 habitantes tienen alguna discapacidad. Del total de la población en esas condiciones, el 27 por ciento sufre una afección visual, el 12 auditiva y el 8 por ciento del habla.
A nombre de la Comisión de Justicia, la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, fundamentó el dictamen y afirmó que estas reformas contemplan la realidad de la población que padece algún grado de discapacidad auditiva, visual o del habla, y que se encontraba en desventaja.
Refirió que el artículo 74 del Código Federal de Procedimientos Penales contempla otros medios para presentar los citatorios, mediante el sistema de escritura Braille, en los casos que involucren a personas con discapacidad visual.
En el artículo 87 del mismo código, se establece la asistencilaba de un intérprete que tenga conocimiento de su medio de comunicación en las audiencias de declaración preparatoria y durante todo el proceso judicial, cuando el inculpado, el ofendido o algún testigo sea discapacitado visual, auditivo o silente.
Hernández Morales apuntó que mediante la modificación de 17 artículos de estos Códigos Federales se asegura que estos mexicanos tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones.
“Se garantiza el derecho de todo mexicano con alguna discapacidad a que sean asistidos gratuitamente en todo tiempo por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua o forma de comunicación y traduzcan fielmente las preguntas y contestaciones que haya que transmitir”, señala el dictamen.
Se estipula como condición agravante, el hecho de que la discapacidad sea objeto de atentar contra la dignidad humana o se anule o menoscaben los derechos y libertades de las personas, precisó.