El Pleno avaló reformas al artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables para adecuar y perfeccionar este ordenamiento, a fin de incrementar la productividad de estos sectores e impulsar su competitividad en beneficio del desarrollo sostenible, regional y nacional.
Con 410 votos a favor, cero en contra y 2 abstenciones, se incluyeron al marco legal nuevos criterios adoptados por la comunidad internacional y las necesidades medioambientales derivadas del cambio climático, con el objeto de elevar la productividad de los sectores pesqueros y acuícolas.
El dictamen remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, precisa los principios que debe observar la Política Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables, por lo que se plantea posicionar estos productos nacionales en los mercados de alto valor, garantizando la eficiencia y sanidad a lo largo de la cadena productiva y dándoles valor agregado.
También establece una cultura de inocuidad en el manejo, distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas, y que estos sectores se desarrollen desde una perspectiva sostenible, que integre y concilie los factores económicos, sociales y ambientales, a través de un enfoque estratégico y ecoeficiente.
Asimismo, fija la transversalidad de políticas públicas con enfoque interdisciplinario para el fortalecimiento y desarrollo de una cultura empresarial pesquera y acuícola, orientada a toda la cadena productiva, que aumente la productividad y mejorare la competitividad.
De igual forma, propone generar un impulso regional equilibrado y equitativo, que priorice el desarrollo de las comunidades y pueblos indígenas, así como financiamiento para el desarrollo e innovación tecnológica y científica, modernización de la flota pesquera, unidades de cultivo, técnicas ecoeficientes, plantas procesadoras, métodos y artes de captura.
Al fundamentar el documento, el presidente de la Comisión de Pesca, diputado Alfonso Inzunza Montoya, resaltó que el dictamen busca adecuar y perfeccionar la norma jurídica vigente, con el propósito de que oriente y regule nuevas conductas tomando en consideración el contexto actual.
Dijo que la gestión equitativa, sustentable y eficaz de los recursos pesqueros y acuícolas es una condición indispensable para reducir la pobreza, por lo que “integrar la planificación y ordenación de ambos sectores es esencial para su desarrollo en el futuro”.
Las sinergias entre la pesca y la acuicultura, incluidos los aspectos institucionales, sociales, económicos, ambientales y biotecnológicos, ofrece oportunidades para el desarrollo sectorial, la mejora de la seguridad alimentaria y de los medios de vida rural, indicó.
Resaltó que en los próximos decenios la pesquería basada en el cultivo desempeñará una función más decisiva en el mantenimiento y el aumento del ordenamiento de la pesca de captura con miras a proporcionar un bien público final que incluya los objetivos de conservación.