El senador Graco Ramírez Garrido Abreu pidió que la Cámara Alta cite a comparecer al secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, y al titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, para que expliquen “las acciones que se llevan a cabo por parte del Gobierno federal para hacer frente al ingreso ilegal de armas provenientes de Estados Unidos”.
A través de un punto de acuerdo que presentará la próxima sesión del Senado, el legislador por Morelos urgirá al gobierno federal a promover un esquema de colaboración entre México y Estados Unidos, con “un enfoque de responsabilidad compartida, igualdad soberana, transparencia, confianza y respeto mutuo”, a fin de combatir a la delincuencia organizada, sobre todo el tráfico de drogas y armas.
Señaló la necesidad de que los gobiernos de México y EU reconozcan al narcotráfico y el contrabando de armas “como una problemática bilateral a la que se debe hacer frente de manera conjunta y corresponsable, atendiendo por igual la oferta, demanda y consumo”.
Indicó que luego de la introducción ilegal de armas a territorio mexicano provenientes de Estados Unidos mediante el operativo “encubierto y unilateral” denominado Rápido y Furioso, se debe demandar al gobierno de ese país implementar medidas más efectivas para enfrentar este problema.
No obstante, resaltó la urgencia de “realizar un diagnóstico claro y preciso sobre las tareas y responsabilidades que en México no estamos siendo capaces de realizar. El ingreso de armas es un asunto que tiene que ver con nuestra incapacidad para controlar la frontera. ¿En dónde está el informe que tendría que haber elaborado la autoridad encargada de nuestras aduanas?”, cuestionó.
Graco Ramírez comentó que a raíz de la difusión de los informes diplomáticos, donde el embajador de EU en México, Carlos Pascual, informó a su gobierno su visión sobre la estrategia diseñada por el Poder Ejecutivo y la actuación del Ejército, la Marina y Policía en la lucha contra el narcotráfico, la relación bilateral entre ambas naciones “entró en una espiral de tensión y franco deterioro”.
Aseguró que en México “ni la participación del Ejército en tareas de seguridad pública ni el impresionante incremento del presupuesto destinado a los ámbitos de la seguridad han sido instrumentos efectivos para disminuir los niveles de violencia que hoy se han apoderado del país”.
Señaló que la Iniciativa Mérida es “un esquema asistencialista e injerencista, que dista mucho de ser la mejor opción para encausar los esfuerzos bilaterales que se requieren para hacer frente de manera exitosa a la delincuencia organizada”.
Por ello, pidió al gobierno federal “promover el diseño de una estrategia conjunta (México - EU) con base en la confianza y reconocimiento de la igualdad y corresponsabilidad de los dos países”.
Dijo que dicha estrategia deberá ser acompañada por mecanismos parlamentarios permanentes encargados de evaluar y dar seguimiento a la cooperación en sus más diversas facetas.
“Lo anterior implica proponer la creación de grupos de trabajo y designación de enlaces o responsables que permitan a nuestros congresos tener una interacción más institucionalizada y planificada, que vaya más allá de la atención reactiva y coyuntural de las problemáticas compartidas”, concluyó.