Sobre el caso Iguala
Los senadores Mariana Gómez del Campo, Jorge Luis Lavalle y Francisco López Brito propusieron un punto de acuerdo para que el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, asista a una reunión de trabajo en el Senado de la República.
La finalidad es que informe sobre el avance en las investigaciones y resultados obtenidos por la Oficina Especial para el Caso Iguala, creada el 18 de diciembre del año pasado por el propio organismo defensor de derechos humanos.
Es necesario conocer la posición de la CNDH, debido a que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó sus conclusiones, que los padres de los 43 normalistas desaparecidos no comparten y los ha dejado inconformes, explica el documento.
Explica que el martes 27 de enero del 2014, el procurador Jesús Murillo declaró: “los normalistas fueron privados de la libertad, de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan”; en cambio los padres de los desaparecidos sostienen que sus hijos siguen con vida.
El punto de acuerdo, presentado por los legisladores panistas, refiere que es necesario conocer los resultados de los trabajos realizados por la Comisión, para coadyuvar con el organismo en caso de ser necesario, y de esta manera elabore sus recomendaciones y las dé a conocer a la brevedad posible.
La CNDH tiene la capacidad de dictar acuerdos de trámite que obligan a las autoridades y servidores públicos a comparecer o aportar información y documentación relacionada con violaciones a los derechos humanos, destaca el punto de acuerdo.
Sin embargo, se desconocen los avances de las investigaciones que ha realizado la Oficina Especial para el Caso Iguala después de más de dos meses de funcionamiento, aun a pesar de que el ombudsman nacional se reunió el pasado 18 de febrero con los padres de los normalistas desaparecidos, para presentarles el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.
La proposición presentada por los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.