Pedimos firmemente al Ejecutivo federal enviar las ternas para integrar la SupremaCorte de Justicia de la Nación (SCJN), el Senado de la República debe cumplir con sus funciones constitucionales, ya que retrasar más este proceso va en contra de esta Cámara, de la Corte y principalmente de la sociedad, afirmó el senador Miguel Barbosa Huerta.
Terminó la primera semana de noviembre y el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no envió las propuestas de entre las cuales se elegirán a quienes sustituirán a la ministra Olga Sánchez Cordero y al ministro Juan Silva Meza, señaló.
“De nada han servido las expresiones públicas que señalan la necesidad de que ya se envíen estas ternas. Tampoco que en días pasados el Presidente de la SCJN, ministro Luis María Aguilar, haya comunicado oficialmente al Ejecutivo federal que habrá dos vacantes en el máximo tribunal de justicia”, dijo.
¿Por qué la demora? ¿En verdad el Ejecutivo no ha podido encontrar entre los integrantes de la carrera judicial, la academia u otros ámbitos relacionados con la justicia a seis mujeres u hombres con el perfil necesario para ocupar un lugar en la Corte? ¿Qué provoca el retraso en el Ejecutivo?, preguntó Barbosa Huerta.
El senador Miguel Barbosa consideró que existe un proceso alterado, porque el Ejecutivo debió haber mandado ya sus ternas para que el Senado de la República contara con los 30 días que establece la ley fundamental para analizar y pronunciarse por dichas propuestas.
Recordó que la Constitución Política establece en su artículo 96 que “para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir la vacante.
“La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días”.
Miguel Barbosa Huerta indicó que el retraso en el envío de las propuestas afecta el proceso legislativo de la Cámara de Senadores en una de sus funciones principales, que es designar a los ministros de la Suprema Corte.
La Suprema Corte, como un órgano sustancial del Estado, debe funcionar con la totalidad de sus integrantes, porque los temas sobre los cuales toma decisiones fundamentales precisan de las opiniones y votos de sus 11 integrantes.
“Se trata de un manejo político del tiempo que tiene como telón de fondo que el Senado disponga de un menor plazo para elegir a los mejores perfiles, tratar de colocar al Congreso contra la pared en una de sus decisiones más importantes o bien, tratar de imponer una decisión que tendría como propósito negociar los nuevos ministros junto con los de otros nombramientos pendientes, como el del Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, consideró.