Posicionamiento que da a conocer el senador Ernesto Cordero Arroyo, por la equidad, imparcialidad y legalidad en el proceso de renovación de la dirigencia de Acción Nacional.
Por primera vez en nuestra historia, los militantes de Acción Nacional elegiremos en forma universal y directa la jefatura nacional del partido.
Es un hecho inédito en nuestra tradición democrática y un auténtico reto ético, político y organizativo.
Frente a esta circunstancia, la institucionalidad y la unidad del partido deben salvaguardarse con decisiones y actitudes que garanticen la equidad y la imparcialidad en la próxima contienda.
El Comité Ejecutivo Nacional y los órganos internos encargados de la conducción del proceso, son los principales responsables de que la voluntad de los panistas se exprese en libertad, en estricto apego a nuestras normas, en un marco de civilidad y respeto pero, sobre todo, en igualdad de condiciones entre los contendientes. Éstas son precondiciones esenciales para la legitimidad del proceso interno y de la autoridad que resulte del veredicto de las urnas.
El próximo Consejo Nacional debe emitir las normas que regularán el proceso de renovación de la dirigencia, así como integrar a los órganos que habrán de conducir y arbitrar la competencia.
Nadie puede tomar ventaja de estas decisiones. La unidad como norma de convivencia interna, exige una actitud responsable por parte de la dirigencia para garantizar la equidad y la legalidad interna. En ningún caso es admisible que actúe como juez y parte. Por ello, las reglas internas deben ser resultado de un debate genuino y abierto en los órganos del partido que asegure la normalidad democrática del proceso. Sólo así esas reglas serán satisfactorias y aceptables para todos.
El carácter inédito de este proceso interno, la necesidad de que su desenlace abone al fortalecimiento de la unidad y el imperativo impostergable de reanimar la potencia electoral y política de la organización frente a los desafíos por venir, son razones más que suficientes para adoptar medidas de equidad, imparcialidad y legalidad, sin perjuicio de aquellas que deben estar comprendidas en los contenidos de nuestras normas reglamentarias.
En consecuencia, demandamos:
1. La separación del Presidente Nacional para garantizar la conducción del proceso interno en condiciones de equidad y legalidad;
2. La integración, por un amplio consenso del Consejo Nacional, de la comisión que tendrá a su cargo la organización del proceso interno, la cual debe incorporar a panistas que destaquen por su institucionalidad, probidad, solvencia ética y política, capacidad de diálogo y experiencia partidaria;
3. La conformación de una comisión especial del Consejo Nacional que se encargue de investigar la negociación de asignaciones presupuestales a estados y municipios;
4. La suscripción de un acuerdo entre los candidatos debidamente registrados al proceso interno para habilitar al Instituto Federal Electoral a fiscalizar, durante la campaña interna, los ingresos y egresos de cada uno de los candidatos y su campaña;
5. La intervención temporal y plena, a cargo de una comisión especial del Comité Ejecutivo Nacional, de las cuentas bancarias de los grupos parlamentarios en las cámaras de diputados y de senadores, con el propósito de garantizar que los recursos de éstos no se distraigan en fines electorales o para beneficiar a candidatos;
6. Una auditoria al padrón de militantes del partido, así como la apertura de un proceso ágil y expedito para formular observaciones e impugnaciones sobre afiliaciones irregulares o corporativas; y
7. La creación de una fiscalía, con autonomía plena, de defensa de la libertad del voto que investigue y sancione el uso indebido de recursos públicos, la recepción ilegal de recursos privados, la aceptación de apoyos por parte de estructuras de gobierno, la movilización de electores o cualquier modalidad similar o equivalente de coacción, así como el uso ilegítimo de recursos e información en poder del partido.
Acción Nacional, a lo largo de su historia, ha predicado con el ejemplo democrático de su vida interna.
Hemos edificado avances en la institucionalidad electoral del país como una condición necesaria para la estabilidad política, porque abrevamos de una tradición de libertades políticas y de prácticas democráticas.
No tenemos derecho ni ocasión a negar nuestra esencia ni nuestra historia.
Estas medidas son necesarias, pertinentes, razonables y, sobre todo, plenamente acordes con el modo de ser panista. Pero, también, son basamentos de legitimidad de nuestros procesos internos.
Porque, en el PAN, no tenemos mejores armas ni existen mejores, que la razón públicamente debatida y democráticamente resuelta.