*Injusto olvido social del equipo de fútbol Avispones

Cuando una persona es víctima de un delito, sufre un daño material físico o psicológico, en ocasiones esto se puede reparar, en otras es imposible, pero cuando una persona es vulnerada en sus derechos humanos es una víctima de violación a sus derechos humanos toda la vida.

Para ello la Ley General de Víctimas contempla en sus tres primeros artículos la necesidad de reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, el derecho a la asistencia, a la protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos que se consagran en nuestra Constitución en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, y los demás instrumentos de derechos humanos.

La reparación integral a que las víctimas tienen derecho comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.

Para superar la vulnerabilidad de las víctimas, el Estado debe implementar medidas de ayudar, atención, asistencia y reparación integral.

Es aquí donde el Estado no sólo debe ser el garante institucional a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, sino también por humanidad y solidaridad deberá mostrar en todo momento una amplia disponibilidad para escuchar y atender a todo aquel que se acerque buscando cobijo.

No obstante, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas mantiene un carácter indiferente ante los reclamos de las víctimas, funcionando más como una barrera, y en ocasiones como una litigante en contra de las víctimas, más que como un aliado en la búsqueda de las víctimas de acceder a la reparación integral del daño que constitucionalmente les corresponde.

En este caso en particular, me refiero al equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo, quienes fueron víctimas de los terribles sucesos de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

Un equipo del fútbol de tercera división, con jóvenes, la gran mayoría menores de edad, entre los 15 años, que acudían a un partido de fútbol en Iguala, y que fueron atacados brutalmente en el autobús que los transportaba.

En su largo caminar por acceder a la justicia y a la reparación del daño, han tocado puertas que no siempre les han sido abiertas, y han hablado, aunque la mayor parte de los casos no han sido escuchados.

Como legisladora he tenido la oportunidad de acompañar a las víctimas en múltiples reuniones con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, donde han atendido y han mostrado buena disposición, pero desafortunadamente la buena disposición se ha quedado ahí. No ha habido más acciones, ha habido solamente intenciones y esto es un hecho que revictimiza a los estudiantes.

El camino de los Avispones de Chilpancingo se ha vuelto tan complicado que han encontrado dificultades para que sean reconocidos, no solamente como víctimas de delito, sino como víctimas de violaciones a los derechos humanos, al grado que han tenido que interponer recursos, los recursos necesarios para que les sea otorgada esta calidad.

Recientemente, un secretario en funciones de juez federal otorgó amparo a uno de los jugadores de los Avispones de Chilpancingo, que ordena a la Comisión de los Derechos Humanos a que se pronuncie, si el quejoso fue víctima o no de violación a sus derechos humanos. Esto, casi cuatro años después de que se dieron estos acontecimientos.

En un afán de que este Poder Legislativo se muestre solidario, sensible ante los padecimientos de las víctimas de la noche de Iguala.

Propongo este punto de acuerdo: Para solicitar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas nos informe a la Comisión Permanente, de manera actualizada y pormenorizada sobre el proceso de reparación integral del daño a las víctimas directas, indirectas y circunstanciales del equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo, derivado de los ataques del 26 y 27 de septiembre del 2014.

Así como los avances que se tienen y las acciones pendientes de implementar para cumplir a cabalidad con la reparación integral del daño a la totalidad de las víctimas; 19 víctimas, un jugador de 15 años y un chofer del autobús asesinados; y cuatro años después no sabemos, no saben las familias quién es el autor de estos hechos.

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