*La corrupción sigue como obstáculo al desarrollo
A pesar de los múltiples esfuerzos que se han dado para terminar de consolidar al Sistema Nacional Anticorrupción, estos no han sido suficientes, ya que la situación de la corrupción en México sigue siendo un obstáculo, tanto para el desarrollo como para el ejercicio pleno de los derechos.
En el análisis correspondiente al año 2016, Transparencia Internacional coloca a México en el lugar 95 entre 168 países del índice de percepción de corrupción a nivel mundial; y en el sitio 11 de entre los 22 países de América Latina.
Además, nuestro país se colocó en el último puesto entre las naciones que conformamos la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, separándonos 86 y 79 lugares, respectivamente, de nuestros principales socios comerciales que son Canadá y Estados Unidos.
Por ello consideramos fundamental cumplir con la responsabilidad de complementar el Sistema Nacional Anticorrupción y lograr los consensos que sean necesarios para promulgar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación, y el nombramiento del Fiscal Anticorrupción que tanto necesita nuestro país.
La corrupción se ha convertido en el gran malestar de la sociedad contemporánea, en un fenómeno a temporal y omnipresente, que obstaculiza el buen funcionamiento del Estado y de todas sus instituciones. Todo esto mantiene a México muy por detrás de las economías más consolidadas del mundo.
El 19 de julio del 2017, entró en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción cuyo principal objetivo es la prevención, detección y la sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos.
Sin embargo, aún estamos muy lejos de contar con un sistema completo y que funcione íntegramente, pues ello, no sólo implica una gran inversión en temas de recursos económicos y recursos financieros y humanos para integrar las nuevas instituciones y propiciar la coordinación con las ya existentes, sino que también debe haber un esfuerzo enorme en el tema legislativo para armonizar las disposiciones de la Ley General con las legisladoras locales en los estados.
Al respecto, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, elaboró el diagnóstico sobre el grado de armonización de las leyes de los sistemas estatales anticorrupción respecto de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
En lo que respecta al rubro de objetivos generales, el estudio señaló que sólo 16 de las 32 legislaciones cumplen totalmente con la premisa contenida en la fracción I del artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que señala que las leyes anticorrupción de las entidades federativas deberán conformarse observando las bases descritas en la Ley General de la materia.
En este sentido, resulta fundamental que se continúe con los esfuerzos legislativos necesarios para cumplir con el objetivo de contar con un sistema coherente y bien coordinado para la lucha contra la corrupción.