*Interpretación malintencionada de la ley
Preocupa la interpretación malintencionada de la ley en la toma de decisiones presidenciales, llamo al Presidente de la República a rectificar su interpretación y señalamientos con relación a que la concesión del Puerto de Veracruz a un organismo descentralizado del Estado, parte de un acto de corrupción, ya que las Administraciones Portuarias Integrales (API) son Sociedades Mercantiles, sujetas a estándares y vigilancia por parte de los Órganos Internos de Control (OIC), a cargo de la Secretaría de la Función Pública.
De no aclarar estos señalamientos, las declaraciones del presidente parecen tener un fin malintencionado para justificar la entrada de la Secretaría de Marina en la administración de puertos.
Actualmente las API son las encargadas de regular puertos y terminales, a través de administraciones federales y estatales. Por ello, es importante su función e imperativo que mantengan una operación transparente y apegada a los fines de productividad bajo la revisión de los OIC para castigar los posibles actos de corrupción que se identifiquen, pero no bajo una distorsión de su funcionamiento.
Como integrantes de la Comisión de Salud señalamos que otro ejemplo de la interpretación a modo, es el cambio de adscripción de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), ya que al tratarse de un órgano desconcentrado y con autonomía administrativa, técnica y operativa, no puede darse dicha modificación mediante un acuerdo interno de la Secretaría de Salud.
Aclaró que al absorber el trabajo de la Comisión en la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, esta administración sigue realizando cambios que abonan a la concentración de funciones de áreas especializadas, ya que tan solo este órgano regula cerca del 8% del PIB.