*Urge sistema de información de permisionarios

Analizamos reformas a las leyes de Hidrocarburos y Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos, a fin de crear un sistema integral de información de permisionarios del sector y llevar un registro de compra y venta, para detectar adquisiciones ilícitas.

Se plantea incrementar medidas correctivas para aquellos que hayan actuado ilícitamente por la venta, almacenamiento, transporte o distribución de hidrocarburos de procedencia ilegal, por medio de la revocación inmediata de los permisos y la penalización de su conducta.

Las organizaciones criminales han visto en el robo de combustible, una importante fuente de ingresos para sus actividades delictivas, lo que provoca pérdidas millonarias a empresas petroleras que operan en el país y riesgos a la población, contaminación del ambiente y mermas al mercado formal de gasolinas.

La llamada “ordeña” se realiza mediante perforaciones a los ductos que transportan hidrocarburos, para luego depositar el combustible robado en contenedores que van desde garrafones de plástico hasta pipas, trasladarlo a zonas de resguardo, y distribuirlo como insumo para actividades productivas e, incluso, para su venta a estaciones de expendio al público.

El combustible robado puede ser vendido directamente a la gente de manera informal o “lavado” al amparo de permisos de “comercialización”, moviéndose para su expedición formal en estaciones de servicio o exportado vía marítima y comercializado en Latinoamérica o Estados Unidos.

En 2018, Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó 10 mil 101 tomas clandestinas en todo el país, encabezan la lista Hidalgo, Guanajuato, Puebla, Jalisco y Veracruz.

En 2017, las pérdidas de Pemex por robo de combustible ascendieron a los 30 mil millones de pesos.

Los daños económicos por estas prácticas son acumulativos, ya que no sólo implican el robo de hidrocarburos, sino que causan problemas al ambiente y la muerte de personas por accidentes provocados en las tomas clandestinas; adicionalmente, el blanqueo o lavado del combustible, provoca pérdidas millonarias al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Por ello la necesidad de fortalecer la colaboración interinstitucional para generar bases de datos cruzados que permitan a los órganos reguladores del sector hidrocarburos y dependencias con competencia directa en la comercialización y manejo de combustibles, tener acceso a información que ayude a la inspección, vigilancia y supervisión.

La iniciativa busca crear un sistema de información en el que participen las secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público y de Economía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor y la Fiscalía General de la República.

Tal sistema deberá integrar, cuando menos, identificación de permisionarios del sector hidrocarburos, registros contables, volumen de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos obtenidos lícitamente para llevar a cabo su actividad, y en el caso de la comercialización, expendio y distribución, el volumen y monto de las ventas, así como personas físicas o morales sancionadas por alguna irregularidad en el desarrollo de su actividad, sea por robo de combustible, evasión de impuestos, falsificación de reportes o venta de litros incompletos.

Estas reformas permitirán que autoridades encargadas de verificar el correcto actuar de las actividades del sector hidrocarburos, tengan información integral de los permisionarios, y desincentivar el lavado de combustible al amparo de las autorizaciones correspondientes.

Debemos impulsar el desarrollo de bases de datos certeras que permitan focalizar los esfuerzos institucionales y garantizar el Estado de derecho. México es un país con un potencial de desarrollo enorme, mitigar las pérdidas de estas prácticas nos permitirá una mayor inversión, certidumbre y certeza jurídicas, así como la garantía de respeto a la ley e instituciones encargadas de velar por ella.

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