*Penumbras por las que atraviesan las y los migrantes
La mayoría de las personas migrantes huyen de sus países de origen ante la falta de oportunidades laborales y educativas, por situaciones graves de inseguridad, conflictos armados, hambrunas, violencia social o, incluso, desastres naturales provocados por el cambio climático.
A pesar de que en los dos últimos años se observó una disminución en los flujos migratorios, debido a la inmovilidad relacionada con la pandemia provocada por la COVID-19, poco a poco el fenómeno migratorio ha tomado su cauce anterior.
Por ese motivo, las y los senadores enfatizaos que es necesario continuar con el trabajo para proteger, a través de la revisión de nuestro marco normativo, los derechos humanos de las personas migrantes.
Consideramos que quienes participan en la toma de decisiones en materia migratoria deben seguir atentos a las necesidades que enfrentan nuestras hermanas y hermanos migrantes.
Migrar no es un delito, por el contrario, migrar es un derecho humano que tenemos todas y todos. La migración humana es una actividad milenaria que siempre ha existido y que seguirá existiendo, afectando casi sin excepción, a todas las comunidades del mundo, por lo que querer frenarla es imposible.
Durante el último año la Comisión que presido recibió ocho iniciativas con proyecto de decreto y ocho propuestas con punto de acuerdo, de las cuales se dictaminaron dos iniciativas y dos propuestas, así como una minuta enviada por la colegisladora.
Entre los proyectos aprobados destaca uno que reforma la Ley de Migración para brindar mayor protección a niños, niñas y adolescentes contra el tráfico ilegal de personas, así como para incluir la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo a los funcionarios públicos que incurran en este ilícito.
La propuesta precisa que cuando el autor material o intelectual sea servidor público, además de la pena prevista para el tráfico ilegal de personas, se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.