*No abandonemos a los migrantes mexicanos
Solicitamos al titular del Ejecutivo federal que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y a través del personal de sus embajadas y consulados en Estados Unidos de América, lleven a cabo las labores de asistencia y protección de los connacionales detenidos bajo la política de “cero tolerancia” implementada por el gobierno de Donald Trump, en especial para hacer valer el interés superior de niñas, niños y adolescentes mexicanos.
También pedimos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que en el ámbito de su competencia y en coordinación con la cancillería realice un análisis integral de las violaciones a los derechos humanos derivadas de la detención de los migrantes mexicanos en territorio estadounidense.
Recordemos que el Instituto para los Mexicanos en el Exterior recién informó que actualmente viven en Estados Unidos aproximadamente 12 millones y medio de personas nacidas en México, de las cuales la mitad se encuentran en una condición migratoria irregular.
Derivado de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump, se ha procedido a enjuiciar a algunos padres migrantes; una vez que un caso se convierte en un caso criminal, padres y niños son separados.
Los procedimientos que está llevando la administración de Washington al mando de Trump, están separando a cientos de familias, entre los que se contabilizan, del 5 mayo al 9 de junio, 2 mil 342 niños.
Los migrantes se encuentran en un centro de detención de McAllen, Texas, ciudad próxima a Reynosa, Tamaulipas.
En días pasados circularon en diversos medios de comunicación videos y fotografías en las que se puede observar que los detenidos por las autoridades fronterizas de Estados Unidos permanecen encerrados en jaulas de metal.
Las mujeres y los hombres se encuentran separados en celdas distintas, así como los niños, quienes son apartados de sus padres, debido a que la administración de Trump ha optado por procesar legalmente a los adultos para enviarlos a prisión.
Al respecto, el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha señalado que la separación de padres e hijos en la frontera de Estados Unidos con México es inconcebible.
Los gobiernos tienen la obligación de respetar y proteger el derecho de las familias a permanecer juntas, pues debemos recordar que el hecho de no contar con una visa no hace a una persona menos humana, ni significa la pérdida de sus derechos humanos.
Las autoridades deben considerar el impacto que genera una deportación en el buen desarrollo de la familia. Nuestros connacionales sufren de miedo, ansiedad, depresión y hasta retraimiento social, pues por su situación migratoria pueden perder a su familia de un momento a otro.
La división de las familias con estatus migratorios mixtos trasciende a ser una crisis humanitaria dentro y fuera de las fronteras estadounidenses, siendo que las familias separadas con los acontecimientos recientes enfrentarán una serie de barreras y dificultades para poner reencontrarse con su familia.
Bajo ese contexto, es necesario que el Estado mexicano, de manera inmediata, realice las acciones para la asistencia y protección de los connacionales detenidos bajo la política de “cero tolerancia” implementada por el gobierno de Donald Trump, en especial para hacer valer el interés superior de niñas, niños y adolescentes mexicanos.