*Rumbo a la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción
Iniciamos el diálogo entre legisladores y fiscales que buscamos impulsar impartición de justicia contra funcionarios que defraudan confianza ciudadana.
En la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA), coincidimos en la necesidad de elaborar un plan de trabajo para que, desde el Senado de la República, se trace la ruta que convoque a las fiscalías especializadas, se coordinen y trabajen de manera conjunta para combatir los delitos de corrupción en todo el territorio nacional.
En mi calidad de presidenta de la Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción Capítulo México, considero que el diálogo entre legisladores y fiscales robustecerá el marco jurídico en la materia e impulsará la impartición de justicia contra los funcionarios que defraudan la confianza ciudadana.
Reconozco que, en ocasiones, las y los legisladores perdemos de vista la problemática que puede derivarse de la real aplicación de la norma y de ahí la importancia de tener una relación estrecha con las y los fiscales anticorrupción.
El combate a este fenómeno debe ser una parte primordial de la agenda pública, ya que se trata de un lastre que limita la confianza ciudadana, la fortaleza institucional y el desarrollo económico de México; es una gran limitante para el disfrute de la vida democrática plena que merecemos los mexicanos.
En el control de la corrupción es esencial que el dinero que fue desviado por corrupción vuelva a las arcas públicas y se resignifique, ya que necesitamos que los activos recuperados tengan un destino social y esto requiere también el involucramiento de sociedad civil.
El plan de la CONAFA involucra trabajo no solo de las fiscalías anticorrupción, sino de instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) y Sistemas Estatales Anticorrupción en su conjunto, así como de la sociedad civil organizada.
Además, el documento cuenta con cinco ejes rectores: visibilidad institucional; prevención del delito; intercambio de buenas prácticas; fortalecimiento de capacidades institucionales; y posicionamiento de las fiscalías anticorrupción en la sociedad.