*Gobiernos locales deben fortalecer acciones contra la discriminación 

Los gobernadores de las 32 entidades federativas, de los municipios del país y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deben fortalecer las acciones para impedir la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones. 

Recordemos que el derecho a la no discriminación implica que se respete la dignidad humana, autonomía, privacidad y confidencialidad de todas las personas, así como garantizar la ausencia de coacción y abuso. 

Se trata de un problema en el que intervienen distintos actores sociales, que juegan un papel determinante en su ejecución, ya que puede afectar a cualquier persona, pero hay grupos o colectivos sociales que lo han sufrido históricamente, de manera constante y sistemática, como los pueblos indígenas. 

Dichas acciones acentúan las privaciones y pobreza intergeneracional, y ocasionan graves consecuencias para la salud, nutrición y educación. 

Por ello presenté un punto de acuerdo, que se turnó a la Comisión de Derechos Humanos, para exhortar a los 32 congresos locales a implementar una campaña de difusión permanente sobre las acciones positivas para promover la “cero discriminación” entre sus colaboradores. 

También pedimos que se dé cumplimiento a la Norma Mexicana NMX-R025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, a fin de favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores. 

En el documento, que se inscribió en la Gaceta Parlamentaria del 28 de febrero, me refiero a que, de acuerdo con el INEGI, los motivos más frecuentes de discriminación son la forma de vestir o el arreglo personal, con 30 por ciento; la complexión física como peso o estatura, con 29.1 por ciento; y las creencias religiosas, 28.7 por ciento. 

La discriminación genera exclusión durante la niñez o adolescencia, lo que conlleva mayores probabilidades de encarcelamiento y embarazo adolescente, o dificulta el acceso a empleos bien remunerados en la adultez. 

Todos los órdenes de gobierno deben promover un crecimiento social, económico e inclusivo, además de eliminar las leyes, políticas y prácticas discriminatorias, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades, reducir las desigualdades y atender a los grupos más vulnerables.

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