*La violencia a debate
En el actual régimen se discute con ardor sobre la violencia de Estado, aunque en la praxis social se padece una violencia oscura del crimen organizado. La primera marca su huella en Tlatelolco M68, la segunda cada vez es más atroz y desalmada con su estela de deshumanizante.
El presidente López Obrador en el discurso de toma de protesta ofreció “un cambio de régimen y combate a la corrupción” como vía de alcanzar la 4 Transformación. Parte, entonces, de reformar una sociedad establecida.
El 2 de octubre es fecha obligada a la reflexión de la violencia de estado que en M68 masacró a la concentración estudiantil reunida en la Plaza de las Tres culturas. Por otra parte, el vandalismo extremo que actúa bajo la sombra de las marchas recientes, la declaración de Pedro Salmerón y la hibris del discurso oficial donde se asume los valores de la violencia y se admite la legitimidad electoral como base de sustento del poder político ocasionan fricciones entre los sectores de interés social.
Entre esas declaraciones destaca la de José Woldenberg, califica de paradoja la Cuarta Transformación junta con las tres anteriores no repare en la oceánica diferencia entre aquellas que fueron “grandes conflagraciones armadas, -bajo cobertura de la recomposición de los poderes mundiales- mientras el actual gobierno arribó a través de un procedimiento legal, pacifico, participativo, democrático”.
También Lorenzo Meyer afirma que cada sociedad dispone una comprensión de la historia diferente de acuerdo con sus valores lo que significa que Pedro Salmerón examinó a la L23 S a través de la historia de entonces, lo que significa que el historiador no supo leer la historia actual. Sino al destacar la “valentía” de los jóvenes guerrilleros que dieron muerte al empresario regiomontano desató la tormenta de la discusión de la legitimidad de la violencia que resiste o pretende cambiar un régimen de dictadura.
La violencia de Estado se ejerce con fundamento de la seguridad que evite la “ley de la selva” y garantice la justicia, condicionada por la legitimidad de origen del Estado.
En esa circunstancia, el poder solo se ejerce con democracia cuando es legítimo, en las sociedades establecidas la legitimidad se alcanza por el consenso electoral, solo el sufragio legitima. Mientras en las sociedades en conflicto, la violencia revolucionaria dispone de la capacidad de forjar un nuevo régimen que garantice la seguridad y otorgue la justicia.
Por otra parte, el Gobierno de la Ciudad propone frenar la violencia del vandalismo en las protestas por medio de crear los “cercos de paz”, desafortunadamente no advierte que van a propiciar el enfrentamiento entre los manifestantes y los vándalos, porque aquellos no están en condiciones de igualdad porque se trata de personas indefensas opuestos a vándalos que atacarán como lo han demostrado hacer, lo que se prevé es que agentes de seguridad vestidos de civil sean quienes de manera pacífica enfrenten a los anarcos.
Se entiende que la administración federal se niegue a aplicar la represión, la cual por definición es el ejercicio de la fuerza pública de forma generalizada, indiscriminada e implacable, pero su deber responsable le exige un comportamiento sujeto a la ley conforme al reglamento, a partir de disuasión y prevención o en su caso dispersión de las personas involucradas con el desquiciamiento social-
El Gobierno morenistas se mantiene paralizado, estupefacto, sin definirse entre la violencia de ruptura antisocial y aquella de orden histórico obediente a la restauración de una legitimidad o injusticia extraviada, en particular la masacre de Tlatelolco dejó una herencia culpigena donde se confunde el uso legítimo de la fuerza pública como elemento sustantivo del Estado con el manejo de la represión para mantener los abusos de poder.
Las acciones vandálicas van más allá de actos de desobediencia civil, o protestas constitucionales, se concitan para tensar ambas orillas de la protesta social: al estado para exhibir su incapacidad de preservar el orden, minimizar el poder de los órganos del estado, en el otro aspecto se pretende dañar a quienes dentro de sus derechos ciudadanos empuñan la arma de la protesta, la cual buscan desbordar llevarlas a la radicalización, lo más importante es inocular la protesta desviar sus demandas, arrinconarla a la censura e incluso se pretende su cancelación.
La contradicción de origen es querer vincular los cambios históricos fundamentales propiciados por la resistencia acción violencia en respuesta a situaciones coloniales, 1810, de despojo territorial y gobierno 1856, y de explotación laboral extrema de servidumbre y esclavitud en 1910; la administración actual accedió a la Presidencia de la República, con un sistema fundado en la civilidad electoral donde los adversarios dirimen sus diferencias por el consenso comicial, es decir un régimen revolucionario en un contexto diferente donde se dan otras alternativas de gobierno.
Se vacila, sin embargo, entre una fuerza de Estado paralítica que solo observa las acciones desquiciantes del orden por el vandalismo en espera que los ciudadanos realicen sus tareas impuestas por la ley que juraron obedecer.
Un hombre al agua.