A principios de la semana pasada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó al Senado de la República a que se pongan a trabajar y no estén dedicados a la pura grilla…
Con claridad les mandó decir que ya aprueben la Declaración que formuló México para permitir que la Organización de las Naciones Unidas investiguen las desapariciones forzadas en este país… Les hizo notar que para las víctimas de este flagelo, considerado desde el bloque constitucional como delito de lesa humanidad, reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, significa la supervisión del cumplimiento del Estado mexicano de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, misma que fue adoptada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en 2006 y que entró en vigor para nuestro país en 2010, contribuyendo con ello a erradicar este grave delito… Bueno, pues solo bastó eso para que días después, los senadores se pusieran a trabajar y de inmediato aprobaron lo ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador… Sí señor…